Por considerar que la desincorporación de inmuebles en municipios para pagar laudos beneficia solo a quienes no tomaron previsiones sobre las deudas en las administraciones, los coordinadores parlamentarios de MC, PVEM y Nueva Alianza en la entidad, anunciaron que no solaparán ninguna actitud irresponsable, por lo que irán en contra de este tema.
Tras indicar que hasta este momento suman cinco municipios los que aspiran a la enajenación de bienes de muebles e inmuebles, como es el caso de San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Toluca, Nicolás Romero y Metepec, no descartaron que pudiera también llegar petición de Naucalpan, además de la que ya presentó el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) advirtieron que no permitirán que en el pleno se aprueben.
Martin Zepeda, María Luisa Mondragón y Rigoberto Vargas Cervantes, coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PVEM y Nueva Alianza, respectivamente, anunciaron que propondrán reformas para la regulación de la enajenación, pues se permitirá, siempre y cuando no sea para pagar deudas.
Afirmaron que se seguirán uniendo como bancadas minoritarias, siempre y cuando no compartan las iniciativas que se prevén podrían ser avaladas por las mayorías, aunque aclararon que es difícil pensar que esta unión podría llegar a considerar el tema electoral.
María Luisa Mondragón dijo que les corresponde representar a quienes no tienen oportunidades, mientras que Rigoberto Vargas Cervantes, indicó que no es que estén en contra del pago de laudos, aunque sí de que se sigan aumentando pasivos laborales.
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Dijo que están de acuerdo con la subasta de 22 inmuebles que pretende el ISSEMYM, mientras sea de forma transparente y para el uso de medicamentos y pago a pensionados.
“En algunos [municipios] dicen que los bienes son para remediar los males, aunque no se puede hacer cuando no han hecho bien las cosas algunos ayuntamientos”.
El diputado Martín Zepeda Hernández, coordinador de MC, indicó que ir en contra de las mayorías legislativas no es capricho, sino que la finalidad es defender el patrimonio de los municipios.
“Solo se busca beneficiar a unos cuantos, aquellos que se han endeudado sin una forma de enfrentar las consecuencias. Han generado deudas y deudas y no saben como salir de ellas”.
