Integrantes de la Unión de pensionados y pensionistas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) denunciaron desabasto de medicamentos para la atención de pacientes con cáncer, la carencia de servicios de especialidades que han derivado en el deceso de algunos derechohabientes, falta medicamentos para personas con diabetes y no han sido escuchados por las autoridades estatales, entre ellos, la directora Bertha Alicia Casado Medina, que es la encargada de dar alternativas de solución a las condiciones actuales.
“Nuestras pensiones no alcanzan para hacernos cargo de la compra de las medicinas, de forma cínica nos dicen, tenga su receta y vaya a buscar en dónde se la surten más barata, porque aquí no hay. Por lo que cuestionaron lo que las autoridades están haciendo con las deducciones, los descuentos quincenales a los trabajadores activos y pensionados”, alegó una de las representantes.
En conferencia de prensa, denunciaron que pese a que hace un mes solicitaron una audiencia con la directora del Instituto, Bertha Alicia Casado Medina, y se comprometió a escucharlos junto con la Secretaría de Finanzas y la General de Gobierno, hasta ahora no se ha llevado a cabo la reunión:
“Tal parece que nos tachan de viejos, minusválidos, algunos en muletas, como gente que ya no razona y piden que se lleven a los abuelitos”, expresaron.
Comentaron que se agota la paciencia, pues a la par del quebrantamiento financiero de la institución, que afectan sus jubilaciones, la falta de servicios médicos y medicamentos los tienen “ahogados”.
Expusieron que Juan Portilla fue nombrado representante, quien ha señalado a la Unión como usurpadores y bandoleros, corruptos que mienten a los jubilados, pues aseguró que todo marcha bien en la institución, que hay buena atención médica y abasto de medicamentos.
“Obviamente hay confusión entre la comunidad de pensionados y pensionistas, pero ya la tolerancia llegó a su límite, y de no tener una pronta respuesta, hacemos responsable de lo que suceda a las autoridades, porque vamos a tomar las instalaciones que por derecho nos corresponden para trabajar en ellas”.
Apuntaron que hay autoritarismo que ha pasado por encima de los derechos de las personas de la tercera edad, que en su mayoría son instruidos, con estudios superiores y útiles, que demandan una respuesta pronta, ante los serios conflictos que hoy afectan a los jubilados.
Reprocharon que en las próximas elecciones una de las cajas chicas que serán empleadas para pagar campañas serán los ingresos en la institución y que, con las recientes propuesta de reforma a la Ley del Instituto, perjudican a los derechohabientes.
“Pedimos que nos sigan pagando por salarios mínimos, eso sólo en el artículo 70, en el artículo 133 se propone pagar en UMA a los dolientes, pero en el 2016 sí era bueno, pero ahora está por debajo del salario mínimo, entonces al perro más flaco se le quieren cargar las pulgas”.
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