Toluca/Estado de México
Con el objetivo de enfrentar a las células del crimen organizado que en meses recientes han impuesto precios de pollo, huevo, tortillas y materiales de construcción, sobre todo en la zona sur de la entidad mexiquense, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresó a la Legislatura estatal el viernes pasado la iniciativa de reforma para que en el Código Penal esto sea considerado como delito con penas de siete a 15 años de prisión, informó el Fiscal José Luis Cervantes.
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"La penalidad que estamos proponiendo a los señores legisladores es de seis a 10 años, pero estas conductas preveemos agravarlas cuando participen dos o más personas con tres a siete años y de cinco a 15 años de cárcel si estos individuos se identifican como parte de una organización criminal".
En entrevista señaló que con base en las investigaciones, han identificado esta actividad sobre todo en los municipios de la zona sur que colindan con Guerrero y Michoacán, aunque no es privativo de esa zona porque muchas veces esas células se surten del Valle de Toluca.
Detalló que las reformas propuestas a la Cámara de Diputados serían para que en el capítulo de delitos contra la economía, concretamente actividades comerciales, incluyan un apartado para que le otorgue facultades a la institución y pueda actuar cuando identifique actividades de acaparamiento comercial, súbito aumento de precios, monopolio de actores comerciales en determinadas áreas y que puedan entrar a investigar en los negocios, sin necesidad de esperar una denuncia.
Subrayó que el objetivo no es esperar a una denuncia, sino contar con un instrumento que permita actuar de oficio, en actividades que antes no correspondían a la Fiscalía estatal, ni estaban contempladas como un delito.
La meta, amplió, es intervenir esos negocios donde hay sobre precio, detener a los responsables sin necesidad de comprometer a las víctimas que se ven subyugadas y comprometidas a actuar a través de una amenaza o simplemente de una presión que les impide presentar denuncias.
Este delito, acotó, ha desalentado la economía, pues hay casos por ejemplo en las casas de materiales de construcción con sobreprecio de 12% y la obligación de comprarle solo a ese proveedor, e incluso transportar el material con un determinado grupo de transportistas que están coaccionados o son abiertamente de esa agrupación criminal.
"Si no acatan la instrucción le levantan el precio al director de obra, al maestro o a los trabajadores de la construcción y se convierte en una presión ominosa que nadie puede tolerar", añadió.
Destacó que si bien la delincuencia organizada es una expresión de ámbito federal, todos los criminales están organizados y en el segmento en que el Código les permita a las autoridades coordinarse mejor, será más sencillo enfrentar el delito en caso de actividades de este tipo:
"Ya tenemos investigaciones en curso, de hecho ya estamos haciendo investigaciones en estos negocios de materiales de construcción, de pollo, de huevo, de pan, de herramientas y estamos incursionando en otros aspectos que tienen que ver con la presión a ciertos trabajadores del campo a quienes el crimen organizado les cobra cuotas de un peso por cada metro de riego", precisó.
Señaló que estos delitos son complejos y sutiles, por lo que la fiscalía debe contar con las herramientas para actuar de manera contundente, pues estos criminales realizan actividades comerciales con ganancias estratosféricas.
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