Estado de México
Al continuar el análisis de la reforma constitucional del Estado de México, los parlamentarios ciudadanos mexiquenses analizaron la propuesta de integrar entre los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCA) al Tribunal de Cuentas como una transición del actual Órgano Superior de Fiscalización, al igual que la creación de la Defensoría del Pueblo, actualmente Comisión de los Derechos Humanos.
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En presencia de Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional del Estado de México (SECTEC), se dio a conocer que la propuesta de considerar entre los OCA al Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía General de Justicia, todos de la entidad.
Asimismo, al Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y a la Defensoría Pública, que actualmente es una dirección dependiente del Ejecutivo estatal.
Rubén Islas Ramos, secretario técnico del SECTEC, dijo que dichos órganos deberán ser colegiados y profesionales, con la finalidad de aumentar la pluralidad de sus decisiones, imparciales, con autonomía plena, técnica, orgánica, presupuestaria, normativa y de funcionamiento, además de que rendirán un informe anual ante la Legislatura.
Asimismo, una propuesta para la nueva Constitución es declarar al Estado de México como un estado municipalista, integrado por comunidades como célula básica del Estado, que integra el régimen de ciudades y que contaría con una ley de desarrollo constitucional de la administración pública municipal.
También se prevé que el Estado garantice los medios materiales para la conservación y el mejoramiento de las actividades productivas en el campo, además de considerar los sistemas alimentarios regionales y la soberanía alimentaria.
También, se abordaron las responsabilidades de las personas servidoras públicas, particulares vinculados y el Sistema Estatal Anticorrupción.
Entre las intervenciones realizadas durante el análisis por los parlamentarios ciudadanos, Francisco Gómez propuso adscribir el Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial e integrar a la Red Ciudadana Anticorrupción al Comité de Participación Ciudadana; Daniel Alberto planteó revisar el estatuto legal de las asociaciones religiosas para que se escuche su voz en la vida nacional, y Enrique Soteno cuestionó sobre la posibilidad de creación de un organismo autónomo para la atención a grupos indígenas, además de pedir que se materialice la representación indígena en el Ayuntamiento.
Elías Velázquez propuso que la policía sea considerada un organismo descentralizado; Héctor Velázquez planteó la posibilidad de crear un organismo autónomo colectivo de pueblos originarios; Miguel Reyna abundó sobre la importancia de crear un órgano autónomo para velar por los intereses de los pueblos originarios y fortalecer al representante indígena; Diego Piñón propuso que la Constitución garantice los medios alternos de solución de controversias, y Jesús Varas cuestionó sobre las sanciones e infracciones en contra de personas servidoras públicas y personas morales que cometan alguna infracción.
Alfonso Salgado pidió detallar cómo se garantizaría el desarrollo urbano sustentable y el derecho a disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles; tema que también abordó Roberto Natael Sánchez.
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