Toluca/Estado de México
"Frente a las nuevas expresiones sociales, más que cambiar la ley, quizá hay que cambiar la actitud", afirmó Ricardo Sodi Cuéllar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en su Tercer Informe de Actividades.
Alfredo Del Mazo trabaja junto al #PJEdoméx por el bienestar de los mexiquenses
"Nuestra misión es consolidar un estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. La experiencia nos ha enseñado que juzgar no es sencillo", dijo ante la presencia del gobernador Alfredo Del Mazo Maza en el patio del Palacio de Justicia.
Señaló que los mexiquenses demandan una justicia que atienda con sensibilidad sus reclamos y que busque, cada vez más, la calidad, por lo que apuntó: "es tiempo de asumir compromiso con nuestras responsabilidades. Nos va en ello nuestra credibilidad como institución".
"Todas las sociedades civilizadas desean el reinado de la justicia y de la seguridad y el sometimiento a ella. Pero debemos tener mucho cuidado porque cuando esas sociedades se encuentran angustiadas ante el crimen y la injusticia, es frecuente que emerja la discordia y, entonces, los anhelos de justicia se convierten en ansias de venganza", subrayó.
Por ello, hizo un llamado a impedir que ese panorama ocurra en la entidad que lleva el nombre de la Patria y que ha sabido encabezar, desde hace dos centurias, los esfuerzos de la República en busca de la Libertad, el Derecho y la Justicia.
Ante magistrados, expresidentes del Poder Judicial, exgobernadores, presidentes municipales y diputados, destacó en primer lugar que después de 27 años, cuentan con una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que entre otros aspectos incorpora la perspectiva y equidad de género en la administración de justicia; genera espacios de participación ciudadana y consolida la carrera judicial en cuatro grandes ejes: jurisdiccional, administrativo, archivístico y de prefectos.
Subrayó que la cantidad de asuntos que deben ser atendidos, en relación con el número de juezas y jueces con que se cuenta, la diversa composición social y los avances en cuanto al juzgamiento con perspectiva de género y de tutela del interés superior de los grupos vulnerables, deben siempre ser tomados en cuenta para impartir la justicia que satisfaga las aspiraciones de la población.
En cuanto a la protección judicial en clave de género e infancia, se habilitaron más salas de escucha y salas lúdicas, las cuales funcionan con la videograbación del desahogo de las diligencias.
Se firmaron 14 convenios para la erradicación de la violencia familiar y la capacitación de más de 800 servidores públicos, en 10 municipios con Alerta y doble Alerta de Género.
El convenio promueve el uso del Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual, determina medidas de protección ante situaciones de riesgo y evita que escale la violencia, agiliza la intervención de las policías municipales y capacita al personal de los ayuntamientos en el uso de este órgano jurisdiccional. Entre las 1,937 medidas de protección dictadas, destacan la salida del agresor del domicilio, su alejamiento de las víctimas, así como la reintegración de documentos y pertenencias.
Además, atendieron 262 solicitudes a través del Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea.
Indicó que están en proceso las oposiciones de 120 candidatos a mediadores privados. Asimismo, se capacitó a los mediadores y facilitadores municipales y comunitarios, así como al personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Destacó que por primera vez en la historia de los poderes judiciales se iniciaron Jornadas de Repensamiento y Consulta sobre el Código Penal con miras a formular una política criminal y de combate integral al delito.
"Durante el último trimestre fue alentador recibir propuestas y planteamientos de académicos, abogados, legisladores, colectivos sociales, comunicadores y por supuesto de juzgadores. En febrero, convocaremos a las consultas a partir del proyecto de nuevo código penal, elaborado por la comisión encargada", comentó.
Sentenció que en el primer informe de desarrollo estratégico, reconoció que existían procesos en materia penal del sistema tradicional cuya tramitación se había prolongado más allá de lo razonable y se empeñó en abatir ese rezago.
Es así que en marzo de 2020 se contaba con 500 asuntos en instrucción y hoy únicamente hay 172; una disminución del 66%. Complementariamente, se determinó la prescripción de 2 mil 37 órdenes de aprehensión. Por cuanto hace a la Ley de Amnistía, al 20 de enero se han otorgado 2 mil 864.
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