Toluca/Estado de México
Sandra Villegas Herrera se describe a sí misma como víctima del sistema, pues una enorme ola de burocracia y corrupción impide que luego de siete años de fallecido su concubino logre acceder a la pensión que merece, pues el dinero inicialmente lo robó la familia del fallecido y después se lo quedó el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
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El viacrucis de Sandra inició cuando murió su pareja en el 2015, un concubino con el que compartió entre 10 y 11 años, quien falleció por cáncer y aunque no se casaron ante el Registro Civil, compartieron su vida, no tuvieron hijos y tampoco se habían casado legalmente antes.
“La enfermedad fue intempestiva, su deceso fue muy rápido, no hubo posibilidades de arreglar documentos, testamento, nada… fue todo muy a prisa. A raíz de su muerte, yo me puse muy mal, estuve en terapia y apenas logré salir adelante”.
Narró que derivado de que con la familia política no había una buena relación, todo se complicó mucho más, pues mientras ella trataba de salvarse la vida luego de una “profunda depresión”, su familia aprovechó para tramitar la pensión y quedarse con el dinero que le correspondía. Un abogado entonces la asesoró para que ella legalizara su situación jurídica y legalizara su concubinato. Ganó ese juicio y con ello en el 2018 solicitó el pago de la pensión que le corresponde al ser su viuda, pero desde ese momento enfrentó un montón de trabas, de peros, el área de personal la regañó y la discriminaron por no haber legalizado su matrimonio.
“El jefe de personal de ese tiempo me quiso engañar, incluso dijo que mi pareja tenía una hija, que me había engañado y cosas que no habían pasado”.
Pero en este trayecto, primero tuvo que disputarse con su suegra la pensión, quien ya la había tramitado, pese a ser pensionada por su marido desde hace más de 50 años, pues de acuerdo a la ley de Seguridad Social, la pensión de un derechohabiente está destinada a hijos jóvenes, luego la esposa o concubina, y si no hay nada de ellos, los papás del difunto, pero solo si depende económicamente de la persona, pero ese no era el caso, pues ella recibe una cuantiosa pensión de su marido difunto.
Ante estas condiciones, no sólo se enfrentó a la burocracia y a la corrupción de las instancias facultadas para demostrar que la mamá de su pareja no era la persona legalmente acreditada para recibir la pensión, pues los abogados que en ese momento la representaron le hicieron trampas, pues se prestaron a la corrupción y finalmente, tras mucho andar, luego de cuatro años, logró demostrar legalmente que ella es la concubina, de modo que debieron depositarle las mensualidades antes pagadas a su exsuegra, pues el mandato fue incluso que ella debía devolverlas.
El trámite siguió y ante el ISSEMyM, pese a que ya había demostrado su figura de concubinato y con el ánimo de hacer las cosas de manera correcta, buscó reunirse con los directivos del Instituto, pero todo el tiempo la trajeron con vueltas, mentiras, engaños, resultado de ello estableció una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhem), organismo que le da su respaldo y resuelve que hubo afectaciones, anomalías, daños, y actuación turbia que ha lesionado sus derechos humanos.
“Incluso solicité una entrevista con el nuevo titular del Instituto, que no me ha querido brindar, pero me mandó en noviembre con el director del Área de Pensiones, Iván López Blancas, porque mi interés era que el ISSEMyM reconsiderara el tema y no esperar a un laudo porque he quedado en el abandono y comprometida económicamente, pero hábilmente el Instituto se ha dado la vuelta y ha salido por la tangente”, lamentó.
“El director se burla de mí, se ríe de mí, cuando le dije que el tema era antiguo, porque yo incluso denuncié en un medio de comunicación y desestimó que los medios se pudieran interesar en mi caso, pero es que yo lo mencioné porque es mi forma de hacer presión para que cumplan con su responsabilidad”, agregó.
Fue este año, cuando luego de la insistencia por su parte, logró una nueva reunión con el director Iván López, donde le explicó que su laudo estaba por resolverse, y Sandra insistió en que lo mejor sería proceder y que corrigieran el tema para que le entreguen su pensión, pues la necesita para vivir.
“Pero me dijo que ellos ya habían tenido una conversación o entrevista con Antonio Sotelo Espinoza, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje”.
Ante esta declaración, ella acudió directamente al tribunal con la finalidad de conocer la resolución, pues de acuerdo con el director del ISSEMyM, llegaron a un acuerdo entre el Tribunal y el Instituto.
“El laudo no debía tener un acuerdo previo a conocer yo la resolución, por ello me fui a buscar al presidente nerviosa y asustada, llorando porque temía que fuera un fallo en mi contra. Ese mismo día fui, le quería pedir una explicación al presidente y su secretario particular me recibió, tras mucho insistir me dio una cita días después y con una actitud muy sospechosa, acusó que, en efecto, al siguiente lunes el fallo salió en mi contra, me anulan el derecho de ser la concubina y exenta al Instituto de pagar mi pensión”.
Sandra acusó que el propio Tribunal de Conciliación estatal había declarado que sí era ella la concubina y acreedora de la pensión, pero ahora rechaza lo dicho por ellos mismos basados en que la prueba del concubinato era inválida, pero la víctima refiere que jamás entregó una prueba certificada, además en el laudo no mencionan que el Tribunal haya hecho una investigación, tiene inconsistencias y con esa resolución, tras casi siete años, la dejaron sin sus derechos, como inició todo en el 2015.
“Estoy muy decepcionada, muy triste, frustrada de las porquerías que han hecho con mi tema, sólo por corrupción y burocracia. De manera legal ya fue ingresado un amparo, ya notificaron al ISSEMyM que no acepto esa respuesta y me preocupa que el Instituto vaya ante los magistrados federales para hacer sus mañas y estoy muy indignada de lo que hizo el presidente Sotelo”, subrayó.
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