Toluca/Estado de México
En el Estado de México se promueven diariamente 37 juicios relacionados con la solicitud, consignación, cancelación o incremento de pensiones alimenticias.
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En la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense los diputados coincidieron en la importancia de avanzar en el dictamen de la iniciativa para imponer penas de seis meses a dos años de prisión y la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela y a heredar a quien sin motivo justificado abandone una mujer en estado de gravidez.
Las y los diputados también acordaron solicitar la opinión de la Fiscalía General de Justicia sobre la propuesta de reforma a los códigos Penal y Civil de la entidad, que impulsan las y los diputados de Morena.
El legislador Gerardo Ulloa Pérez de Morena, dio a conocer que la propuesta se inspira en el caso de Diana Luz Vázquez, madre de una menor que por más de 4 años no ha recibido pensión de parte del padre biológico.
Indicaron que es indispensable incrementar las sanciones cuando por el abandono se produzca cualquier tipo de lesiones a la mujer en estado de gravidez o al producto en periodo de gestación y si como resultado de las lesiones resulta la muerte del producto o de la madre en estado de gravidez.
También plantea que cuando se celebre un matrimonio, el oficial del Registro Civil informe a los contrayentes si alguno está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; que si alguien incumple con su obligación alimentaria, el juez de lo Familiar ordenará su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y avisará a las autoridades migratorias, entre otras, para restringir su salida del país.
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