Toluca/Estado de México
En los 224 centros de tratamientos contra las adicciones que hay en el Estado de México hay violaciones a los derechos humanos y no cuentan con formación para atender adicciones, y su regulación provocaría el cierre de muchos de ellos.
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Así se dio a conocer tras iniciar el análisis de la iniciativa del PRI para que los centros de tratamiento contra las adicciones sean verificados, inspeccionados, vigilados por la Secretaría de Salud y en caso de operar de manera irregular puedan ser clausurados; la diputada tricolor Evelyn Osornio Jiménez, consideró necesario saber cuántos centros son y dónde se ubican, toda vez que atienden a seis de cada 10 personas que reciben tratamiento.
En reunión de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, en la cual, la legisladora dio a conocer que estos centros son parte importante en el combate a las adicciones, la diputada morenista Carmen de la Rosa Mendoza, planteó garantizar que dichos centros operen según la norma, e imponerles sanciones como amonestaciones, multas, uso de la fuerza pública y denuncias ante el Ministerio Público cuando operen irregularmente.
En presencia de representantes de la Secretaría de Salud, la diputada Beatriz García Villegas, solicitó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), también exponga su opinión y la legisladora Edith Marisol Mercado Flores pidió actualizar el registro de los centros.
Ante los diputados del PRI, Alfredo Quiroz Fuentes y Braulio Álvarez Jasso, Jesús Raúl Naveda López-Padilla, director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, planteó la posibilidad de que el gobierno federal, que ya realiza una encuesta sobre los resultados en el combate a las adicciones, la realice cada cuatro años en la entidad, en lugar de que se realice una encuesta estatal, ya que se carece de recursos y de personal.
Reconoció que en algunos de los 224 centros que existen en el estado hay violaciones a los derechos humanos y no cuentan con formación para atender adicciones, y que su regulación provocaría el cierre de muchos de ellos.
Por ello, propuso alinear dichos centros a los principios emitidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y recordó que le corresponde a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) la verificación, inspección y vigilancia de este tipo de centros, aunque su reconocimiento lo lleva a cabo la Comisión Nacional, pero puede tardar de 18 hasta 24 meses cuando se trata de espacios en orden.
Del Instituto de Salud (ISEM), José Luis Mendoza Martínez planteó que parte de la propuesta ya está normada a nivel federal y se pronunció por fortalecer y ampliar las facultades de la Coprisem para atender este tema, además de mayor colaboración entre los tres órdenes de gobierno para una atención integral de la materia, mientras que Gabriel Zetina Perdomo, advirtió que avalar esta propuesta podría duplicar las funciones institucionales.
Por ello, la Comisión Legislativa acordó solicitar la presencia de personal de la Coprisem, la Comisión de Derechos Humanos (Codhem) y la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) para continuar con el análisis de esta iniciativa.
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