Toluca/Estado de México
Las legisladoras Jennifer Nathalie González López y Nelly Brigida Rivera Sánchez de morena, se pronunciaron a favor de la iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la cual propone derogar el delito de “ultraje” contemplado en el artículo 126 y 127 del Código Penal estatal, con el objetivo de anular toda posibilidad de que, a un periodista, defensor de derechos humanos y persona en general se le pueda iniciar un procedimiento bajo la referida conducta delictiva.
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Durante la reunión de trabajo de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, verificada en el Congreso mexiquense, las diputadas sostuvieron que, en el proceso de transformación impulsado en la entidad, es fundamental que toda persona pueda ejercer a plenitud su libertad de expresión y contar con las condiciones y marco normativo necesario que le permita el ejercicio de sus derechos humanos.
De aprobarse la propuesta de la mandataria, subrayaron las diputadas del Grupo Parlamentario de Morena, se estaría anulando dicho tipo penal, es decir en el Estado de México a nadie se le sancionaría por emitir su opinión y/o decir su sentir a algún servidor público en general.
En este sentido, la legisladora Jennifer Nathalie González López consideró que de mantenerse vigente ambos artículos, estaría latente una posible afectación a uno de los derechos humanos fundamentales como es la libertad de expresión.
En los hechos, dijo, el contenido de dichos artículos es un claro desprecio a la opinión ajena y eso “no empata con ninguno de los derechos humanos… celebro esta iniciativa que hace nuestra Ejecutiva, la gobernadora Delfina Gómez”, dijo.
También se pronunció a favor de explorar el establecimiento de mecanismos idóneos para generar procesos de diálogo y acuerdos, con aquellos integrantes de la sociedad que ejercen su libertad y se manifiestan en las calles y/o inmuebles públicos.
Por su parte, Nelly Brigida Rivera Sánchez, diputada de Temoaya, consideró que la derogación de dichos artículos es necesaria porque hoy existe un gobierno democrático, morena, que garantiza e impulsa la libertad de expresión a plenitud.
En un contexto de libertades “puede haber una mejor rendición de cuentas de quiénes tenemos el privilegio y la responsabilidad de velar por el bienestar de un pueblo”, expresó la diputada Rivera.
En su intervención Luis Miguel Carriedo Téllez, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (CEMPIDH), aclaró que en la actual administración estatal a nadie se le ha procesado por el delito de ultrajes y precisó el contenido de los artículos que se proponen derogar, desaparecer del Código Penal estatal:
Artículo 126: Se entiende por ultraje toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que puedan implicar ofensa o desprecio.
Tratándose de elementos de cualquier corporación policíaca, se requerirá además para integración del delito que, el ultraje sea en presencia de personas ajenas a las corporaciones.
Artículo 127: A quien ejecute ultrajes contra Instituciones públicas, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días de multa. Si se cometieran en contra de un servidor público, se impondrá de seis meses a un año de prisión y de treinta a cien días multa.
Las y los diputados acordaron que la próxima reunión de la Comisión será para dictaminar la propuesta y, en caso de aprobarse, será turnada a la sesión del pleno legislativo para su valoración.
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