Toluca/Estado de México
La organización del Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 enfrenta una serie de desafíos que van desde la disparidad legislativa entre entidades federativas hasta la necesidad de garantizar una adecuada difusión del nuevo modelo de votación.
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Así lo expusieron este miércoles consejeras y consejeros presidentes de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) durante el Foro de Presidencias organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
El encuentro reunió a representantes de 17 OPLEs del país, quienes analizaron las implicaciones técnicas y operativas del proceso inédito que se realizará el próximo 2 de junio para elegir mil 801 cargos judiciales locales en 19 entidades federativas, además de 881 cargos a nivel federal.
Durante su intervención, la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, subrayó que el enfoque mediático y de análisis se ha centrado en el ámbito federal, mientras que los desafíos locales han recibido poca atención, a pesar de su relevancia operativa.
"La opinión pública se ha centrado principalmente en el ámbito federal. Sin embargo, poco se ha hablado de la organización de las elecciones judiciales locales. Tenemos todavía un largo tramo por avanzar", señaló.
Entre los principales obstáculos identificados por Pulido Gómez se encuentra el desfase en la armonización legislativa a nivel estatal, debido a que los congresos locales tuvieron tiempos distintos para adecuar sus leyes a la reforma judicial.
A ello se suman disparidades presupuestales que han obligado a algunos institutos electorales a solicitar ampliaciones de recursos o a reconfigurar sus calendarios con base en recortes.
También destacó la complejidad de garantizar la paridad de género, la incertidumbre respecto a los mecanismos internos de selección de candidaturas en los poderes judiciales y la necesidad de comunicar de forma efectiva el nuevo formato de votación, sin partidos políticos y con identificación numérica de personas candidatas, para evitar la anulación de sufragios.
Durante el foro, diversos representantes de OPLEs coincidieron en que existen condiciones desiguales entre las entidades que organizan el proceso en 2025 y aquellas que lo harán hasta 2027.
Algunas instituciones no previeron recursos en sus presupuestos 2024 para este proceso, mientras que otras enfrentan incertidumbre legal respecto a los criterios de selección de aspirantes a cargos judiciales.
Advirtieron también sobre la necesidad de intensificar las estrategias de educación cívica para que la ciudadanía comprenda el nuevo modelo de boleta electoral, lo que contribuiría a reducir el número de votos nulos.
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