Toluca/Estado de México
Con la finalidad de evitar nuevas “estafas maestras”, el diputado federal del PRD por la entidad mexiquense Javier Salinas propuso derogar las disposiciones que permiten excepciones en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas (LOPSM).
Indicó que es necesario evitar el desvío de recursos públicos por medio de las contrataciones -como ocurrió en “la estafa maestra”-, motivo por el que presentó dicha iniciativa.
Dijo que en su Informe General de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que las contrataciones directas entre las dependencias y entidades de la administración pública realizadas al amparo de estas disposiciones constituyen un área recurrente de prácticas que propician desvío de recursos públicos, pues ambos contemplan una causal de excepción para la asignación directa de los contratos.
Dijo que desde la Cuenta Pública 2012, la ASF reconoce en estas contrataciones un factor que pone en riesgo el uso adecuado de los recursos públicos, como se desprende de la investigación denominada “la estafa maestra”.
Agregó que los montos observados en las Cuentas Públicas 2012 a 2015 por este tipo de prácticas ascienden a 3 mil 175 millones de pesos —cantidad equiparable al gasto del Seguro Popular en la Ciudad de México-.
En tanto que las auditorías forenses practicadas a las Cuentas Públicas 2012-2016, han observado posible daño al erario por 6 mil 879 millones de pesos.
De manera adicional, la ASF ha sido alertada sobre posibles anomalías suscitadas durante 2016 que ascenderían, en principio, a mil 570 millones de pesos, información considerada para su inclusión en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) correspondiente.
En el contexto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, prosiguió, se identificaron subcontrataciones, bajo las mismas condiciones, de SAGARPA, Conagua, SEDESOL, SEDATU, ISSSTE, CONAPESCA, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la CFE con Universidades, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo.
La totalidad de universidades contratadas bajo este esquema, alertó, recurrieron a mecanismos de subcontratación mayores al 49% permitido en la Ley, lo que encareció los costos y abrió espacios para prácticas irregulares. En numerosos casos, lamentó, no existió evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos.
Todo ello, dijo, a pesar de que las instituciones públicas de educación superior tienen como finalidad la docencia y la investigación y no deben prestarse a la comisión de actos de corrupción.
Es así que consideró que las contrataciones entre dependencias y entidades públicas debieran traducirse en condiciones favorables para el Estado, pues este tipo de instancias no tienen como objetivo la generación de utilidades ni la ganancia económica.
Es así que si se avalan sus propuestas, las contrataciones intergubernamentales deberán cumplir con el artículo 134 constitucional, que obliga la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; es decir, el ente contratante debe acreditar las mejores condiciones de contratación para el Estado.
De igual forma, el proveedor debe acreditar que cuenta con la competencia técnica necesaria para cubrir directamente por lo menos el 51% del monto total del contrato. Es decir, debe contar con los recursos materiales, humanos y técnicos suficientes antes de suscribir el contrato, con el objeto de que las subcontrataciones, en caso de existir, no sean mayores al 49%.
