Toluca/Estado de México
Una jueza del Poder Judicial del Estado de México, adscrita a los Juzgados de Almoloya de Juárez, aprobó la suspensión de proceso a través de un mecanismo alterno de solución de conflicto, propuesto por la defensa de Christian Leszek “N” acusado de Cohecho y Uso indebido de los sistemas de emergencia.
Christian Leszek fue vinculado a proceso el 27 de marzo por los delitos de cohecho y uso indebido de los sistemas de emergencia por una jueza del Distrito de Toluca con sede en Almoloya de Juárez y seguía su proceso en prisión por su seguridad y la de terceros, pues amenazó con ejecutar una masacre en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.
En la audiencia realizada este jueves 23 de mayo, la jueza determinó las siguientes medidas: Durante un año deberá continuar habitando el mismo domicilio; abstenerse de presentarse a la universidad donde estudiaba; no consumir alcohol ni estupefacientes; participar en jornadas de charlas sobre comunicación y redes sociales.
Deberá contar con un trabajo y comunicarlo máximo en un mes; someterse a tratamiento psicológico que será evaluado y en caso de requerirlo podrá extenderse dicho tratamiento.
Abstenerse de poseer cualquier tipo de arma, así como la comparecencia ante el Centro de Medidas Cautelares una vez al mes.
Además, otorgó la libertad inmediata de Christian “N”, no obstante, le explicó que si llegara a incumplir con alguna de las condiciones establecidas en el tiempo determinado, se iniciará la etapa intermedia de juicio oral.
Para concluir con su procedimiento judicial, tendrá que asistir a la audiencia para revisión de proceso a prueba, fijada para el próximo año.
Inicialmente, una jueza consideró que el joven ameritó prisión preventiva justificada porque si bien los hechos no fueron consumados, es posible que al dejarlo en libertad pueda quitarse la vida o atentar contra alguien más.
En ese entonces, fue identificado por los peritos como egocéntrico, pero sin características de alguna enfermedad mental, aunque se declaró anarquista y la defensa alegó que el estudiante fue detenido afuera de su casa, cuando iba acompañado por su padre y hermano, aunque no fue informado sobre los delitos que le fueron imputados y no hay pruebas de que haya ofrecido 5 mil pesos a los policías estatales que ejecutaron la orden de aprehensión para dejarlo en libertad.
