Javier Rivas Rodríguez, titular del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), informó que no hay conocimiento sobre el desempeño de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pues se negó a participar con el trabajo que realiza el organismo, que ha insistido en la asimetría en las capacidades institucionales.
“Nosotros nos reunimos con el Fiscal General Alejandro Gómez y el ex secretario de Gobierno, José Manzur pero no hubo un argumento para negarse a trabajar, simplemente no hubo respuesta”. Precisó que el organismo identificó asimetrías importantes de conocimiento, capacidades y donde los acuerdos o normas para la implementación del sistema no terminan por ser considerados.
Explicó que actualmente trabajan con 10 fiscalías en el país con la finalidad de conocer las condiciones en que se encuentran, pues hay casos polarizados desde aquellos en donde no hay herramientas para desempeñarse, como aquellas en las que hay tecnología de primer nivel en materia forense, pericial, en temas específicos de tortura y otros.
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Destacó que parte de la ineficacia del nuevo sistema de justicia penal está relacionado con la falta de capacitación por parte de los involucrados. En este sentido, subrayó la importancia de que haya un mínimo indispensable de conocimiento, que es responsabilidad de la autoridad, puesto que son los encargados de capacitar o impartir conocimientos entre los policías, ministerios públicos, peritos.
“En el caso del Estado de México tratamos de trabajar con ellos, los invitamos en muchas ocasiones, desgraciadamente no hubo interés, porque precisamente estamos tratando de homologar los procesos de entendimiento de cómo debe ser el proceso desde la denuncia hasta ser investigado y juzgado”.
Por ejemplo, mencionó que a pesar de llegar a convenios en la Conferencia Nacional como el registro ante mortem o post mortem para la identificación de personas desaparecidas no llega la instrucción a las entidades y no existe esta base de datos, pero de existir no son bien implementados”.
En general consideró, en México no hay instituciones que tengan piso parejo mínimo, en donde la ciudadanía depende de la buena voluntad de un buen policía, perito, ministerio público o juez.
