Como resultado del confinamiento al que obligó la pandemia por Covid-19 durante el 2020 y 2021, pasó de 6 a 25 niños que mensualmente son referidos a alguno de los centros de asistencia a cargo del DIF del Estado de México, los ayuntamientos o de asociaciones civiles, informó Cristel Yunuen Pozas Serrano, procuradora de los niños, niñas y adolescentes.
En entrevista dijo que durante la emergencia sanitaria creció en 25% la violencia contra los menores, mientras que, gracias al retorno paulatino a las escuelas, también aumentó la denuncia por parte de los niños víctimas.
La procuradora dijo que el fenómeno de la denuncia que hacen con los maestros, tutores u otras figuras de confianza, se debe a que encuentran la escuela como un espacio seguro, en el que se sienten protegidos.
Reiteró que:
"Hay algo por ahí escondido, porque no todos los niños han regresado a las aulas y muchos de los que son agredidos no han podido decirlo públicamente".
Detalló que la violencia sexual aumentó hasta en 12% durante la pandemia, es decir entre marzo del 2020 a la fecha, son casos que ocurren sobre todo en preadolescentes de 12 a 17 años, pero es difícil que lo digan.
"Muchas veces el papá o la mamá no le creen sobre todo cuando se trata de un familiar el agresor y que pueden ser tanto hombres como mujeres".
Del total de los casos de violencia en cualquiera de sus tipos, indicó que hay una incidencia muy alta en niños de siete a 11 años y adolescentes mujeres de 14 años en adelante.
La violencia física creció por encima del 10%, va desde gritos hasta lesiones con objetos o con la mano y que deriva del pensamiento antiguo sobre que el ejercicio de un castigo como una forma de educación, en tanto que la violencia psicológica también incrementó en un promedio del 10%.
Confirmó que gracias al regreso a las clases presenciales, por el momento se han multiplicado el número de denuncias por parte de los menores sobre las condiciones que viven dentro de sus hogares, mismas que hasta agosto del año pasado sumaban 2500 solamente del 2021, la mayoría gracias a la intervención de los vecinos que pidieron la ayuda del DIFEM.
Pozas Serrano detalló que, tras recibir una llamada de auxilio, acude un grupo multidisciplinario de las procuradurías del DIF y las autoridades municipales para verificar las condiciones del niño, descartan grado de omisión o de negación por parte de los padres y determinan si pueden ayudar a la familia con sus estilos de crianza o si inician una carpeta de investigación y, como medida de protección, se da la separación del niño de su familia.
Refirió que la violencia tiene de fondo problemas estructurales como la pobreza, el desempleo, las crisis emocionales, pero en este periodo lo que ocurrió con los niños es que ya vivían un patrón de agresiones que se agudizó durante el encierro voluntario.
“Son entornos donde ya había algún elemento de violencia, solo que con la pandemia se agudizó”.
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De acuerdo con el DIF estatal, gracias a las nuevas tecnologías mediante las cuales se pueden establecer denuncias a través de mecanismos digitales como aplicaciones en el celular, páginas web y los juzgados en línea del Poder Judicial del Estado de México han incrementado las denuncias por parte de los propios menores víctimas de violencia.
Los especialistas en psicología que atienden a los menores cuando ingresan en los centros de atención refieren que en su mayoría se tardan entre 3 y 6 meses para restablecer alguna relación con otras personas, la mayoría de los niños presentan cambios de comportamiento extremo, pasan de ser un niño muy tranquilo a ser hiperactivo y viceversa, además resistencia para ir al baño (encopresis), o falta de control de los esfínteres (enuresis), lesiones físicas evidentes, desnutrición, timidez y hasta mutismo selectivo, así como estrés postraumático, trastorno de atención por hiperactividad, hipersexualidad y agresividad.
Asimismo, las especialistas refirieron que todos los menores que ingresan a uno de estos centros reciben atención nutricional, tratamiento psicológico y médico, en algunos casos es psiquiátrico, se propicia la continuidad educativa y la rehabilitación física en su casa.
Para determinar si los menores pueden o no volver a sus hogares, los especialistas multidisciplinarios en el DIF estatal, municipal o cualquiera de los centros a los que fueron referidos, valoran las redes familiares con que cuentan, las habilidades de cuidado, se sugieren terapias psicológicas y si todas son favorables entonces los niños se reintegran a su casa. La reintegración puede ser con su familia de origen, es decir, papá, mamá o ambos, la familia extensa, que son los tíos o abuelos, o la familia ampliada que son los padrinos y madrinas, maestros o adultos significativos para que el menor no tenga vínculos jurídicos.
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