Toluuca/Estado de México
El director del colectivo I(de)has, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, organización que impulsa la doble alerta de género en seis municipios mexiquenses, calificó como urgente que la Fiscalía de Justicia mexiquense presente una base de datos genética que pueda cotejar con familiares de personas desaparecidas en Ecatepec y saber si fueron víctimas de la pareja investigada por el probable feminicidio de 20 mujeres.
“Uno de los grandes temas de la alerta es la obligación que tienen las entidades federativas de tener una base de datos forense y una de registro de identificación de personas desaparecidas, llama la atención que en el caso de la probable pareja de feminicidas de Ecatepec, la autoridad no haya tenido previamente una base de datos de las familias de las desaparecidas”, resaltó.
Expuso, que actualmente las organizaciones desconocen cómo es el manejo forense en el estado, cuántos laboratorios hay, cuántos peritos forenses laboran, cuántas genetistas o qué capacidad tienen de procesar muestras genéticas, diagnóstico que forma parte de la solicitud de alerta.
“Que le digan a la gente, mira mi laboratorio tiene tantos expertos, tantos antropólogos forenses y lo ideal es esta cifra, ahí sí podríamos insistir cuál es el deber ser. Pero todo esto se incluye en la Ley de Desaparición”, detalló.
Sin embargo, dijo que están dispuestos a reunirse con autoridades estatales para avanzar en la atención del tema.
Recordó que el fundamento de la petición de alerta es que entre enero y junio de 2018 aumentó 28% el número de mujeres desaparecidas en la entidad, en particular en los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, así como la impunidad, violencia institucional, revictimización, criminalización, falta de una política pública adecuada y efectiva para la atención y prevención que conllevan estos casos.
Calificó como “buena” la respuesta que hizo pública el miércoles el gobierno estatal, aceptando las observaciones, que tienen un lapso de seis meses para responder y, el activista especificó que es una petición está enfocada en la implementación de la Ley General de la Desaparición Forzada.
Destacó que a partir de la doble alerta las metas son una mesa de diálogo para la construcción de políticas públicas, otra con los familiares y una de análisis de casos concretos.
Es decir, todas las acciones que emprenda el gobierno mexiquense deben ser relacionadas con la Fiscalía Especializada, la Fiscalía de Búsqueda, el protocolo global de investigación de casos, la tipificación adecuada de la conducta de desaparición, los datos forenses.
