Toluca/Estado de México
Entre el 2022 y el 2023, de las 4 mil 987 carpetas por hechos de corrupción denunciadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) únicamente el 2%, es decir, 100 fueron judicializadas y 35 derivaron en una sentencia condenatoria.
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Ello conforme al informe del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios del perdido mencionado, referido en el Plan de Desarrollo estatal 2023 - 2029, que indica que además, en el periodo comprendido del 2017 al 2023, las acciones de control y evaluación realizadas por la Contraloría del Gobierno del Estado, como auditorías, evaluaciones, inspecciones y testificaciones, se redujeron sustancialmente, al pasar de 24 mil 574 a 14 mil 873.
Ejemplo es que durante la pasada administración se denunció un promedio de 50 casos de nepotismo al año.
De la misma forma, indica que la corrupción ha dañado la capacidad de las instituciones públicas para servir al pueblo, por lo que erradicarla será uno de los objetivos centrales durante el sexenio, de tal forma que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente.
“Ello significa impedir el desvío de recursos públicos, evitar la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, eliminar la extorsión, el tráfico de influencias, el amiguismo, el nepotismo, el soborno de servidores públicos, el compadrazgo y el enriquecimiento ilícito, frenar la exención de obligaciones, la condonación de impuestos, así como el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo, prácticas nocivas que se acostumbraban en el Estado de México”.
Según el documento si bien en la entidad ya existen la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, no han rendido los frutos deseados y se han dedicado a la simulación. Por lo que es necesario fortalecerlos con mayores atribuciones y una mayor participación ciudadana.
En el plan de Desarrollo plantea que la corrupción es uno de los mayores retos que enfrenta el país, causa pobreza, frena el desarrollo y desalienta la inversión y que en el Estado de México ha impactado profundamente y ha socavado la confianza en las instituciones, limitando el potencial de desarrollo social, económico, político, entre otros, de la entidad y el bienestar de la población.
Menciona que las prácticas indebidas en el servicio público, como el abuso de poder, el desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, la normalización social de la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y rendición de cuentas, han repercutido negativamente en la administración pública y generan restricciones en el ejercicio de los derechos.
Además, que acuerdo con cifras del INEGI, en 2021, el 57.3% de la población mexiquense de 18 años y más percibió a la corrupción como el segundo problema más importante que aqueja al Estado, por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
También se da a conocer que en ese mismo año se registraron 32,906 casos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
99 de cada 100 carpetas contra policías, militares y marinos en completa impunidad
