Toluca/Estado de México
Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx), informó que durante la última reunión en Coahuila, los presidentes de los Tribunales estatales, ante la inminente reforma judicial impulsada por la federación, acordaron presentar un posicionamiento basado en cinco puntos fundamentales, entre ellos la autonomía presupuestal y la libertad para decidir la ruta de trabajo en cada entidad federativa.
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Durante el segundo Congreso Internacional “La Administración de los Tribunales de Justicia”, cuestionó para qué una reforma al sistema judicial, si se trata de fortalecer la tutela de los derechos humanos o buscan someter a los jueces a un control jurisdiccional abusivo y arbitrario; preguntas que calificó como provocadoras, pero necesarias para ser resueltas en los próximos días y donde los Poderes Judiciales necesariamente estarán en el centro de atención de todo, a raíz del impulso por materializar la reforma judicial propuesta por la federación, “como se plantea va a incidir en los aspectos operativos y también en la reformas judiciales a los Tribunales”.
Sodi Cuellar, expresó los cinco puntos convenidos, entre ellos, la autonomía presupuestal de los poderes judiciales, una reforma al artículo 116 que garantice la suficiencia y autonomía presupuestal para todas las entidades federativas.
En segundo término, la creación de un Fondo Nacional para la administración de la justicia local, una propuesta que también partió del Poder judicial del Estado de México para crear en el Ramo 33 un apartado especial para dotar de recursos suficientes a los Tribunales Superiores de Justicia, quienes enfrentan la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tarea que requiere personal, capacitación, equipo, adquisición de tecnología y hasta el momento “simplemente no hemos contado con los recursos sociales, porque además no hay recursos que alcancen”.
En este sentido, abundó que para reflejar el tamaño del problema, “cuando se instrumentó la Reforma del Sistema Acusatorio en Materia Penal, representa aproximadamente entre el 10% y el 15% del trabajo de un Tribunal, cuando se implementó representó más o menos entre un 3% y 5% de la actividad del Tribunal y tuvimos suficiencia de recursos, apoyo, asesoría, tecnología y la reforma en materia de Justicia familiar y Civil representa aproximadamente el 75% de la actividad jurisdiccional del TSJEM, pero nos mandan con la bendición, nada más al ahí arréglenselas como puedan”.
Reprochó que el objetivo de los tribunales es hacerlo bien, estar a la altura del desafío, al menos en el Estado de México se encuentran preparados y listos, porque supieron administrar bien los recursos y darle el destino adecuado.
En tercer lugar, propuso la implementación de la carrera judicial como eje central para acceder a los puestos de jueces y magistrados, no en el ámbito federal, sino únicamente local, de tal manera que con legitimidad, transparencia, seriedad, puedan contar con los mejores cuadros de abogadas y abogados que se eligen a la Judicatura.
“Vale la pena dedicar un proyecto de vida a la Judicatura, es una institución muy noble y que permite un desarrollo profesional muy digno y adecuado; sobre esa base debemos de construir las estructuras orgánicas de los Tribunales de Justicia”, destacó.
Amplió que el cuarto punto es la autonomía e independencia de los Tribunales de Justicia, pues no se debe de fijar desde el centro cómo se organicen cada uno, cada estado debe decidir de forma autónoma cómo estructurar sus tribunales, que ya no sea desde el 116 que les impongan un modelo común para todos los estados, porque todos son distintos.
“Hemos demostrado que hay diferencias, inclusive en la implementación del sistema de Justicia laboral, todos vamos a diferentes velocidades, tenemos diferentes necesidades, no podemos unificar o uniformar, sino cada estado debe decidir hacia dónde quiere ir”, subrayó.
Por último, dijo, es necesaria una reforma judicial que corrija todos los problemas estructurales que se presentan en el ejercicio del derecho, en la práctica profesional, en la administración de los Tribunales, en la procuración de justicia, “eso es lo que debemos de tener en el centro de toda la reforma, los problemas que tenemos con el amparo directo.
No queremos seguir teniendo esos problemas, tenemos que darle más autonomía a los entidades federativas, queremos una justicia centralizada como el modelo español, esos son los temas que debemos de discutir y posicionar para que las autoridades federales tomen en cuenta”, apuntó.
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