Toluca/Estado de México
El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, Gilberto Sauza Martínez, informó que en próximos días revisarán 40% de los 5 mil expedientes de proyectos de negocios pendientes por obtener el Dictamen Único de Factibilidad y que no se han podido instalar debido al retraso en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del Estado de México.
Explicó que durante la última reunión sostenida la semana pasada con la dependencia, el titular (Rodrigo Espeleta) admitió tiene esa cifra rezagada, por ello la Concaem busca saber en qué casos es responsabilidad de los empresarios o inversionistas y cuáles son rezagos por la administración estatal.
Aclaró que los daños son más un asunto de regiones que de sectores, hay municipios como Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan en donde los presidentes municipales buscan atraer la inversión, por lo que abrieron alternativas para emitir licencias de funcionamiento provisionales en lo que sale el DUF.
Pero hay otros en donde no permiten la apertura o arranque de negocios hasta contra este trámite estatal.
Puntualizó que han solicitado a los alcaldes que se solidaricen con las condiciones actuales de los inversionistas, porque algunos ayuntamientos tienen normas tan estrictas que 85% de los giros comerciales son considerados de alto riesgo según su normatividad, incluso restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas.
“Sí estamos preocupados en este sentido, es el segundo pendiente para el gremio, porque el primero siempre será la seguridad. Pero el DUF es importante porque se está trabajando la inversión en el estado”, agregó.
En junio, quedó publicado en la Gaceta de Gobierno estatal el inicio de funciones de la Comisión de Factibilidad, que es el primer paso para simplificar trámites para inversionistas que buscan asentarse en el Estado de México, como comprometió el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro.
Lo anterior, pues hasta el año pasado, la entidad contaba con instancias responsables de emitir la factibilidad del establecimiento de una empresa o una inversión, pero con las modificaciones en la ley aprobadas en septiembre del 2018, fue creado un organismo que debía reducir de 15 a cinco meses el trámite, contar con una secretaría técnica en donde intervienen las áreas estatales relacionadas con el dictamen único de factibilidad.
