Villa de Allende
En Villa de Allende la comunidad mazahua permanece sin agua potable en sus hogares, a pesar de los acuerdos a los que llegaron con la Comisión Nacional del Agua en el 2004.
Al menos 150 mil personas de cinco municipios calificados como con mayor marginación, Ixtapan del oro, Donato Guerra, Villa de Allende, Villa Victoria y San José del Rincón, permanecen sin agua potable.
Son habitantes que siguen padeciendo las condiciones de olvido y las consecuencias de la explotación de los recursos hídricos de la región, donde anteriormente podían sembrar y ahora la única opción es emigrar a otros países.
“De 300 mil habitantes en la zona, al menos 50% todavía no saben lo que es abrir la llave y ver salir el agua, entonces la mayoría de las comunidades deben caminar hasta cinco kilómetros para llevar 30 o 40 litros del recurso a su casa y satisfacer sus necesidades básicas”, dijo Manuel Araujo, presidente del Consejo Directivo del Frente Mazahua en Defensa de los Recursos Naturales.
Informó que el miércoles pasado sostuvieron una reunión con autoridades de la Conagua por lo que este viernes realizaron un recorrido para documentar las afectaciones; sin embargo, desde hace una semana mantienen un plantón en la Planta Tratadora de Berros, del Sistema Cutzamala.
Advirtió que de no recibir soluciones inmediatas a las demandas de la comunidad, están dispuestos a cerrar las compuertas e impedir que continúen los trabajos de la Línea 3 del Sistema Cutzamala.
Precisó que ésta es una infraestructura cada días más deteriorada, que en lugar de invertir recursos para mejorarla el gobierno federal prefiere destinar más dinero a obras de explotación de los mantos acuíferos para llevar recurso a la Ciudad de México.
Expuso que a pesar de que la agrupación que representa promovió una convivencia pacífica, no es posible resistir más ante el atropello de los derechos de cientos de familias de la región que no tienen acceso a uno de los derechos humanos básicos que es el acceso al agua.
Demandó el pago de 20 millones de pesos atrasados por las afectaciones a 300 hectáreas de siembra de maíz, ahora inservibles, 35 estanques de pescados, 15 invernaderos de jitomate, en donde además hay al menos cinco municipios que albergan parte del sistema Cutzamala.
En el 2004 la principal demanda fue la dotación del recurso a las casas, pero no lo cumplieron las autoridades federales, no obstante de la construcción de algunos sistemas, más de 10 están inservibles, así como tuberías instaladas desde hace 10 años que no brindan servicio a la comunidad.
Siguen pendientes el plan integral de Desarrollo Sustentable, la dotación de agua para las comunidades, el pago de afectaciones, que debieron estar concretados desde el 2005, pero actualmente los titulares de las dependencias involucradas aseguran que caducó el documento que acredita el compromiso.
La pérdida por la inutilidad de los cultivos es de 20 millones de pesos anuales, dinero que cada año debe cubrir la Conagua, porque en los años 80 firmaron un compromiso para dejar una partida presupuestal del 5% en un fideicomiso para Desarrollo Sustentable y lo que hace falta a las comunidades, pero nunca fue materializado.
Además, alegan la expropiación de 50 hectáreas del Ejido de San Martín, Dolores Vaquerías y Salitre del Cerro, que deben ser devueltas porque pertenecen a los ejidatarios, pero la COnagua no restituye las tierras, de modo que la gente tampoco puede acceder a programas de proyectos productivos para reactivar el campo porque no hay títulos de propiedad, sólo se quedaron en el abandono.
En Villa de Allende la comunidad mazahua permanece sin agua potable en sus hogares, a pesar de los acuerdos a los que llegaron con la Comisión Nacional del Agua en el 2004.
Al menos 150 mil personas de cinco municipios calificados como con mayor marginación, Ixtapan del oro, Donato Guerra, Villa de Allende, Villa Victoria y San José del Rincón, permanecen sin agua potable.
Son habitantes que siguen padeciendo las condiciones de olvido y las consecuencias de la explotación de los recursos hídricos de la región, donde anteriormente podían sembrar y ahora la única opción es emigrar a otros países.
“De 300 mil habitantes en la zona, al menos 50% todavía no saben lo que es abrir la llave y ver salir el agua, entonces la mayoría de las comunidades deben caminar hasta cinco kilómetros para llevar 30 o 40 litros del recurso a su casa y satisfacer sus necesidades básicas”, dijo Manuel Araujo, presidente del Consejo Directivo del Frente Mazahua en Defensa de los Recursos Naturales.
Informó que el miércoles pasado sostuvieron una reunión con autoridades de la Conagua por lo que este viernes realizaron un recorrido para documentar las afectaciones; sin embargo, desde hace una semana mantienen un plantón en la Planta Tratadora de Berros, del Sistema Cutzamala.
Advirtió que de no recibir soluciones inmediatas a las demandas de la comunidad, están dispuestos a cerrar las compuertas e impedir que continúen los trabajos de la Línea 3 del Sistema Cutzamala.
Precisó que ésta es una infraestructura cada días más deteriorada, que en lugar de invertir recursos para mejorarla el gobierno federal prefiere destinar más dinero a obras de explotación de los mantos acuíferos para llevar recurso a la Ciudad de México.
Expuso que a pesar de que la agrupación que representa promovió una convivencia pacífica, no es posible resistir más ante el atropello de los derechos de cientos de familias de la región que no tienen acceso a uno de los derechos humanos básicos que es el acceso al agua.
Demandó el pago de 20 millones de pesos atrasados por las afectaciones a 300 hectáreas de siembra de maíz, ahora inservibles, 35 estanques de pescados, 15 invernaderos de jitomate, en donde además hay al menos cinco municipios que albergan parte del sistema Cutzamala.
En el 2004 la principal demanda fue la dotación del recurso a las casas, pero no lo cumplieron las autoridades federales, no obstante de la construcción de algunos sistemas, más de 10 están inservibles, así como tuberías instaladas desde hace 10 años que no brindan servicio a la comunidad.
Siguen pendientes el plan integral de Desarrollo Sustentable, la dotación de agua para las comunidades, el pago de afectaciones, que debieron estar concretados desde el 2005, pero actualmente los titulares de las dependencias involucradas aseguran que caducó el documento que acredita el compromiso.
La pérdida por la inutilidad de los cultivos es de 20 millones de pesos anuales, dinero que cada año debe cubrir la Conagua, porque en los años 80 firmaron un compromiso para dejar una partida presupuestal del 5% en un fideicomiso para Desarrollo Sustentable y lo que hace falta a las comunidades, pero nunca fue materializado.
Además, alegan la expropiación de 50 hectáreas del Ejido de San Martín, Dolores Vaquerías y Salitre del Cerro, que deben ser devueltas porque pertenecen a los ejidatarios, pero la COnagua no restituye las tierras, de modo que la gente tampoco puede acceder a programas de proyectos productivos para reactivar el campo porque no hay títulos de propiedad, sólo se quedaron en el abandono.
