Toluca
A partir de este lunes los comuneros de San Jerónimo Acazulco emprendieron un diagnóstico o análisis puntual a lo largo de toda la vía del tren Interurbano México- Toluca para conocer el precio por el que pagaron la tierra en cada tramo, cuáles son los conflictos que hay con otros Bienes Comunales o ejidatarios, así como cuánto adeuda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en cada caso.
La caravana inició este día a las 13:00 horas y parte desde Zinacantepec hasta Ocoyoacac, con lo que pretenden demostrar que no sólo es un conflicto en San Jerónimo a Acazulco sino el atraso responde a factores como la mala planeación de la obra.
“Tenemos la claridad de que el retraso de la construcción se encuentra incluso desde los patios donde van a estar los trenes en Zinacantepec o la Terminal I, se sigue a la parte de Coapanoaya, San Jerónimo Acazulco”, reveló Santiago Pérez Alvarado, representante jurídico de la comunidad.
Los comuneros de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac calificaron de “penoso” que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pretenda agotar el diálogo amenazandolos con ingresar la fuerza pública en el tramo donde un juez federal ordenó detener la construcción del Tren Interurbano México- Toluca, entre San Juan Coapanoaya y San Jerónimo Acazulco.
Afirmó que solicitaron mantener un diálogo para llegar a un acuerdo pronto, pero no ocurrió.
Cuestionó por qué no dice la SCT que en unos tramos la tierra se pagó a 5 mil pesos, en otros a 800 y en a Coapanoayan a 900 pesos y en Acazulco a mil 700 pesos, “¿por qué tienen criterios distintos si la obra se usa para un mismo fin?”
Rechazó que los hayan indemnizado pese a ser tierras expropiadas “pero no aclara que nunca los indemnizaron, les entregaron una compensación bajo el argumento de ser predios expropiados”.
Pues nunca se ejecutó el decreto de expropiación, la prueba es el Registro Agrario Nacional que no tiene datos sobre el expediente de ejecución, es verdad que existe uno de 1943 en un tramo de 117 kilómetros de largo por 140 metros de ancho.
“Pero durante todos esos años no pagaron un solo peso. Creemos que el comentario intenta confundir a la opinión pública”.
Dijo que en mesas de diálogo anteriores demostraron la ocupación de los 42 mil kilómetros que están usando de más en esta zona, así como en Coapanoayan la construcción a ras del suelo, en donde la dependencia federal se comprometió a resarcir los daños y pagar por los predios empleados aún sin estar dentro del convenio.
Alegó que ahora la SCT pretende atribuir a los comuneros la responsabilidad de la suspensión de la obra, pero fue un juez de amparo quien tomó la decisión.
“Cuando dice que existe un sobreseimiento y que por eso pueden entrar, está mal porque hemos interpuesto nuestras quejas con las revisiones por lo tanto la modificación bajo la cual quiere ampararse no le alcanza para meterse en esa zona, tanto que solicitó el uso de la fiereza pública para continuar con la construcción.
