A cuatro días de que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de México, con focos rojos en temas como el migratorio y la amenaza de Estados Unidos de cerrar sus frontera en el sur, su popularidad sigue en ascenso, no sin el cuestionamiento de amplios sectores de la sociedad por la integración del Ejército mexicano a la Guardia Nacional y el otorgamiento del “perdón” a los involucrados en actos de corrupción en el “pasado”.
La aprobación de sus 10 proyectos nacionales, que se votaron en la Segunda Consulta Ciudadana este fin de semana, sin duda le han dado al tabasqueño una buena dosis de aceptación, tan necesaria a unos días de su toma de protesta como presidente de México.
Digamos que ha sido un buen movimiento de fichas por parte del presidente electo para validar política y socialmente sus acciones y decisiones de gobierno.
La coyuntura política es delicada dentro y fuera del país y le demanda llegar con un fuerte apoyo popular este 1 de diciembre, más cuando finiquitar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le implicó superar varias escaramuzas de las que aparentemente ha salido bien librado con el sector privado del país.
Habría que precisar que en el referéndum recién organizado por la Fundación Rosenbluth, participó un número reducido de mexicanos respecto del total de la lista nominal del INE, pues votó menos del 1 por ciento de los electores (946 mil 81 personas), de un total de 16.6 millones de personas con credencial de elector actualizada.
En términos numéricos es una cifra reducida de participación ciudadana en estas nuevas prácticas que impulsará López Obrador, quien hace unos días anunció que también someterá a referéndum la creación de la Guardia Nacional y con ello la controvertida inclusión del Ejército mexicano y la Marina en ésta, cuando en campaña criticó la estrategia de Felipe Calderón para combatir al crimen organizado por llevar a los militares a las calles de las ciudades.
Por ahora, de este segundo ejercicio democrático llama la atención la declaración del vocero de López Obrador, Jesús Ramírez, en cuanto a que la participación fue “muy alta”, aunque no fue así.
Lo innegable es que en el referéndum se alcanzaron rangos de aprobación “altos” a los proyectos, de entre 89 a 95 por ciento en los casos de la construcción del Tren Maya y el tren en el Istmo de Tehuantepec, lo mismo que las becas para los estudiantes de bachillerato y jóvenes sin empleo, los apoyos al doble a adultos mayores, la atención en materia de salud para la población de bajos ingresos, y otros cuya existencia es una necesidad innegable. Lo que no se aprecia es la misma aceptación en las contradictorias declaraciones de AMLO en temas vitales de seguridad nacional y combate a la corrupción.
Analistas políticos, académicos universitarios, organizaciones de derechos humanos y sociales ya empiezan a cuestionarle si realmente cumplirá con su promesa de combatir a fondo la corrupción.
No debería olvidar el hastío que generó la gestión saliente de Enrique Peña Nieto y de sus antecesores, Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, por los vergonzosos legados de corrupción que no deben ser sujetos de negociación política. Son, por lo demás, temas que le toca resolver al Poder Judicial, cuya independencia del Ejecutivo dependerá del nombramiento del próximo fiscal general de la República -que sustituirá al procurador general- y del fiscal anticorrupción.
Casos como el de Odebrechet, OHL, la “Estafa Maestra” y el desvío de recursos multimillonarios del erario federal por parte de los ex gobernadores, deben seguir su curso en los juzgados. Lo menos que se podría esperar es que devuelvan lo que se llevaron de fondos públicos, como ocurrió en Veracruz durante la gestión del priísta Javier Duarte de Ochoa.
No fue el único. Están también las escandalosas fortunas que amasaron los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo, Coahuila y de otros estados asolados también por el crimen organizado.
Asimismo, siguen sin solución casos como el de Odebrecht -donde el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, fue acusado de recibir 10 millones de dólares en sobornos de esa empresa brasileña-, sin dejar pasar por alto el filoso asunto de la “Casa Blanca” y la puesta al descubierto de la “Estafa maestra” por el el desvío de recursos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Agricultura (Sagarpa) y Desarrollo Territorial (Sedatu).
La acción de perdonar los actos de corrupción del pasado no resulta coherente con la promesa de campaña de López Obrador, quien reiteradamente ha insistido en acabar con ese flagelo que nos coloca en un vergonzoso 135 lugar mundial de entre 180 países evaluados en el Índice Global de Corrupción de Transparencia Internacional.
AMLO debería atender las diversas recomendaciones de la sociedad civil organizada, de juristas, defensores de derechos humanos y otros sectores que advierten que el “borrón y cuenta nueva” no significa parte del cambio pregonado por el tabasqueño, y sí en cambio puede traer desilusión y frustración.
