A 74 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el IMSS reportó la pérdida de 378 mil 661 puestos de trabajo. La peor caída en los últimos 20 años en México. Los analistas no lo atribuyen al gobierno del tabasqueño, pero lo cierto es que antes de tomar posesión como presidente de México su tan anunciado plan de austeridad empezó a cobrar la factura en puestos de trabajo en el sector privado y, una vez que ganó en las urnas, en el público.
De las primeras plazas en desaparecer, sobresalen las de periodistas. Apenas anunció un recorte de 50 por ciento en el gasto de la publicidad oficial y empezaron los despidos masivos en Milenio Diario, Excélsior/Imagen, Reforma y otros medios de comunicación.
Reforma, por ejemplo, prescindió de valiosas plumas, como la del historiador Lorenzo Meyer y el politólogo y fundador del otrora IFE, José Woldenberg.
Los ajustes se extendieron a periódicos, portales electrónicos, televisoras y la desaparición de estaciones radiofónicas como Radio Red y Formato 21, entre otros.
Caso aparte es La Jornada ya que a pesar de ser uno de los diarios más favorecidos con el pago de publicidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de recibir millonarios recursos -como difundió The New York Times el 25 de diciembre de 2017 y el Centro de Análisis e Investigación, Fundar-, la empresa editora (Demos, S.A. de C.V.) se dio a la tarea de acabar con los agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) desde 2016; un año después criminalizó a sus ex dirigentes tras una huelga, y eliminó el contrato colectivo de trabajo (CCT), pese a que existe una resolución judicial que le ordena restituirlo. Se le adelantó a AMLO.
Y siguen los despidos al más puro estilo neoliberal.
Los miles de despidos en el sector público se replicaron días antes de que tomara posesión López Obrador. En un recuento, el abogado laboral Rodolfo Martínez -quien asesora a los cientos de despedidos del SAT y de otras dependencias federales-, denunció centenares de casos de trabajadores cesados.
En MVS Radio, Martínez declaró que han cesado indiscriminadamente a trabajadores de todas las categorías y de varias dependencias: de base, honorarios, de confianza y del Servicio Profesional de Carrera (instituido hace tres sexenios para profesionalizar y capacitar a los funcionarios públicos, y en el que se invirtieron miles de millones de pesos).
Martínez dijo que se han violado los derechos laborales, a grado tal que el seguro de separación se les liquidará a los despedidos hasta en dos años y medio, conforme a las condiciones que impuso la Secretaría de Hacienda, dependencia que apenas este 3 de febrero informó que este 2019 habrá un recorte de al menos 10 mil plazas permanentes.
Además de los despidos indiscriminados, habrá que destacar que el gobierno amloísta ha actuado al más puro estilo neoliberal: sin el pago de liquidaciones, violando la Constitución y la leyes en cuanto a derechos adquiridos se refieren. La prueba: Justo el 24 y 25 de diciembre pasado, decenas de videos circularon en las redes sociales y en ellos, trabajadores del SAT denunciaron despidos masivos en el país de manera sui géneris: encerrados en las oficinas regionales para obligarlos a firmar sus renuncias. No todos de confianza. Muchos con más de 20 años de servicio.
El 4 de enero pasado López Obrador prometió que se revisaría caso por caso. Pero los trabajadores del SAT siguieron manifestándose afuera de Palacio Nacional, lo mismo que los propios empleados de Presidencia; ese día, al interior de Palacio, una veintena de trabajadores denunció encontrarse en una especie de “limbo laboral”.
Ya no les permitieron ingresar a sus oficinas o sitios de trabajo porque ya no existían las áreas a las que pertenecían.
César González, uno de los trabajadores que se desempeñaba en el área de monitoreo de Presidencia, cargo totalmente operativo, reportó al diario Reforma que ya no les asignaron actividades. En la misma circunstancia se encontraron secretarias, personal de mensajería, choferes y jefes de departamento, puestos que por cierto no son de alta jerarquía. El colmo: denunciaron hostigamiento en la misma Presidencia de la República.
Muy propio, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, presumió la eliminación de tres mil plazas como parte del plan de austeridad del gobierno de López Obrador. Le han seguido despidos en Agricultura, en Comunicaciones y Transportes y otras dependencias.
Y ahora las guarderías...
Apenas anunció hace unos días que eliminará recursos a las guarderías infantiles, y 381 guarderías de Guerrero están a punto de cerrar y dejar sin empleo a 2 mil 500 trabajadores; lo mismo ocurre con 60 guarderías de Puebla, Chiapas y las protestas se replican en todo el país: Zacatecas, Veracruz, Morelos, San Luis Potosí, Jalisco, así como en la Ciudad de México, donde se instalaron carpas de trabajadoras del Estado de México y de otras entidades.
Comentarios aparte merece el gobierno de Claudia Sheinbaum, a quien al parecer la hicieron recular las movilizaciones de cientos de trabajadores a quienes pretendía despedir.
Con todo, AMLO pidió lo siguiente a los Reyes Magos: “que tengamos paz y tranquilidad en el país. Que haya felicidad”... ¿La habrá con miles de despidos, sin respeto a las leyes, con mayor desempleo e inseguridad, y ahora eliminación de programas que ayudaban a madres solteras?
