Hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Crescencio Sandoval, para que asignara una guardia de seguridad personal de ocho elementos del Ejército de manera indefinida para los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Lo anterior como resultado del anuncio que hizo Fox en el sentido que un comando armado intentó ingresar a su casa ubicada en Rancho San Cristóbal, San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato. Aunque de acuerdo a información posterior, no se trataba de un comando, sino de unos guarda espaldas, independientemente de que si hubo o no el intento de causar algún daño a Fox, a su familia o a sus bienes, el asunto se torna delicado, ya que un acontecimiento que vulnere la seguridad de alguno de los que ha.estado señalado el titular del ejecutivo como sus adversarios, puede resultarle muy costoso.
Una de las ofertas anunciadas cuando candidato a la presidencia y que colocó como estandarte López Obrador, fue la de retirar privilegios a los ex mandatarios, incluyendo el retiro de sus pensiones, lo que le valió aplausos en su momento, porque encendió pasiones de los que se identificaron con éstas.
Cuando anteriormente esos beneficios no eran ni siquiera tema de conversación de café, los incluyó el tabasqueño como parte de la agenda política en su campaña. Bajo esta circunstancia enderezo los ataques en contra de sus adversarios que serían quienes encabezaron administraciones pasadas, y así, quedaron sin la seguridad que les era brindada por el Estado, sin pensiones, sin personal de apoyo, además, si por alguna razón necesitaban de atención médica, bien podían utilizar el mismo servicio que cualquier mexicano.
Eso le sirvió a López Obrador para ganar muchas simpatías, pues alimentó esa animadversión que le dio grandes dividendos. Aunque pasadas las campañas eso debió haber sido distinto, sin embargo, parece que el presidente aún está en campaña. Al cumplir su promesa, los expresidentes ya no cuentan con privilegios, aunque hay quienes les gustaría ver a Fox, Calderón, Peña o al mismo Salinas pidiendo limosna para satisfacer el insano rencor que se sembró en ellos.
Retirar esos beneficios fue parte de sus primeras acciones de gobierno, demostraba con ello que era coherente con lo ofrecido, sin embargo, era una decisión populista, condición que sabia distraería a la opinión pública, tras insistir con ello, el pueblo bueno lo arropó
Ahora bien, los expresidentes no pueden, de ninguna manera, ser considerados como cualquiera, por la investidura que tuvieron en su momento, ya que tomaron decisiones que trastocaron intereses diversos, entre ellos los de la delincuencia, era su obligación hacerlo, en consecuencia, es razonable que al terminar su mandato deberían seguir contando con una seguridad proporcionada por el gobierno.
Por ejemplo, Felipe Calderón, sea calificada su estrategia como acertada o no contra el crimen organizado, es lógico que con esa lucha se hizo de muchos enemigos, porque afectó el negocio de los delincuentes.
Ahora, por decreto no puede tenerse por asentado que se acabó la delincuencia organizada. Se trata de una lucha que necesita de una profunda estrategia para combatirla. Tal vez, y es el deseo de todos, se pueda tener con la nueva Guardia Nacional.
Por otro lado, las decisiones populistas no pueden considerarse como correctas necesariamente, la objetividad debe imperar por encima de las que no lo son, porque resultan ser necesarias, y muchas veces impopulares.
López Obrador no se puede dar el lujo de enfrentar algún percance que pudiera ocurrirle a alguno de sus antecesores, cualquiera que sea, porque las miradas inmediatamente voltearán a verlo, no es propiamente un resultado deseable, menos con la posibilidad de contar con un mártir, sabe que la seguridad de aquellos es de suma importancia. No le conviene de ninguna manera un escenario de esta índole.
Una fatalidad terminaría por poner en riesgo su sexenio, sobre todo, por las decisiones que ha venido tomando, que van enfocadas a controlar todo desde la oficina presidencial, no hay ninguna acción del gobierno que antes no pase por su aprobación, en el menor de los casos, porque es él quien decide la agenda, y qué hacer o deshacer.
Así que la indicación de darles seguridad a los expresidentes no es una ocurrencia, es la condición natural de prevenir alguna fatalidad, sabe López Obrador que la decisión de haberles retirado privilegios iba encaminada a un sólo objetivo, pero de que es necesario proteger a quienes estuvieron antes que él al frente del país, no debe caber la menor duda.
