Entre aprender las lecciones del pasado y culparlo de todo lo que sucede en el presente, media la ausencia de claridad en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto es lo que está resultando en este trompicado inicio de la denominada “Cuarta transformación” donde, por un lado, se sigue el guion de lo supuesta y detestablemente heredado, como las acciones contra violencia y la inseguridad. Por otro, se vacila en hacer uso de las facultades legales y del apoyo social para llevar a cabo cambios radicales, como tendría que suceder en ese tema, en el educativo, el energético, financiero, laboral, de salud y otros tantos.
¿Qué ha sucedido que se ve a un gobierno entre intentos de avanzar en reversa o simplemente de caminar en círculos, pasmado?
Seguro el presidente López Obrador tiene otros datos, pero desde otros frentes también oficiales, son incontestables las cifras en cuanto al aumento de homicidios dolosos, feminicidios, asaltos, robos, etc., falta de empleo y de inversión, además de estar generando desconfianza entre los sectores productivos locales e internacionales.
Coincido con aquellos que afirman que con buenas intenciones, llamados a “portarse bien” y ampliar programas sociales, no se va a reducir la violencia pues, en efecto, se trata de una guerra entre individuos que buscan su propio beneficio con la producción, distribución y venta de drogas.
Es por demás inútil intentar frenar a quienes han decidido poner en juego la vida a cambio de los beneficios derivados de lo que hasta el momento es una ilegalidad; por eso, desde que se declaró, ha sido una guerra perdida de antemano, con todo y el Ejército, Marina, policías estales y locales en las calles, y nada sugiere que las cosas vayan sustancialmente cambiar con la Guardia Nacional en las calles.
En otras palabras, se trata de una estrategia, nada transformadora, emprendida durante los últimos 12 años, destinada también al fracaso. Por eso la necesidad de impulsar, ya, la despenalización de las drogas, que permita reducir la cifra de homicidios provocados por la disputa de territorios.
¿Por qué no se ha hecho? Al principio el gobierno parecía decidido, pero ¿acaso es por motivos de la religión de quien detenta el Poder Ejecutivo -presbiteriana, protestante, raíz de la prohibición-? ¿Es por la oposición de los beneficiarios con la clandestinidad del negocio, que incluye desde modestos policías hasta encumbrados funcionarios? ¿Es por miedo a descarrilar un gran negocio con miles de millones de dólares anuales?
Nadie dijo que sería fácil, que no habría obstáculos, pero es claro que se tiene que hacer.
En este asunto, simular novedosos métodos ha sido el camino andado hasta ahora, más que un giro radical respecto de lo ya realizado. En otros países lo están intentando en serio y con éxito, pero aquí las nuevas autoridades parecen empeñadas en combatir la violencia con más violencia, lo cual es más una necedad que un recurso transformador.
Si lo que se está haciendo en materia de seguridad se está proyectando para aplicarse en otros rubros, que requieren modificaciones sustanciales, estamos entonces frente a un cambio de estilos de gobierno y los maquillajes correspondientes, como sucede cada sexenio, pues, no en la antesala de transformaciones profundas, como se ha venido cantando.
La cancelación del NAIM en Texcoco para sustituirlo por la base de Santa Lucía, en Tecámac, si bien envió el mensaje de la llegada de un nuevo gobierno, no modificó las prácticas de la improvisación, la ocurrencia y hasta de corrupción. En versión modificada, fue el viejo lema de las rijosas camarillas en disputa del poder público: “quítate tú porque ya llegué yo”.
Hasta el momento, sólo eso. Nada más.
