El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está seguro de que, sin la “variable” de corrupción, el país va a hacer polvo los negros pronósticos neoliberales en cuanto al crecimiento de la economía y que esta vez, a diferencia de los seis ex mandatarios, se va a superar el mediocre 2 por ciento que lo han caracterizado durante los últimos 36 años.
“Que no vamos a crecer a dos (por ciento), dicen. Todavía no termina el año. Vamos a esperar. Ya tenemos hasta una apuesta. Les vamos a ganar en sus pronósticos, porque hay una variable, como ellos mismos dicen en su lenguaje tecnocrático, que ahora nos ayuda mucho, ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban. Cuando hay corrupción no hay crecimiento”, dijo en días pasados el Presidente en una de sus “mañaneras”.
Sin duda, eliminar esa “variable” habrá de aportar su cuota al crecimiento, pero hasta ahora son sólo dichos en cuanto al combate efectivo contra esa peste nacional, y hay que decir que no sólo es eso lo que ha generado el “estancamiento estabilizador”, promotor de la acumulación por la acumulación en unos, el “1 por ciento”, y la miseria de millones.
Durante este lapso de “libre mercado” se creó todo un andamiaje legal y hasta supuestas “instituciones autónomas” con tal de “desaparecer” cualquier indicio de intervención del gobierno en los asuntos de la economía.
Los partidarios de la doctrina hayekiana al final lograron el desmantelamiento estatal, no sólo con la venta de empresas paraestatales a precio de tianguis, como sucedió, por ejemplo, con Teléfonos de México a Carlos Slim, sino que le hizo un traje a la medida para que no tuviera competencia, fortaleciendo éste y otros monopolios mientras se argumentaba “libre competencia”.
Durante todo ese tiempo, el único monopolio que los neoliberales combatieron hasta lograr, de momento, cierta pretendida competencia fue el ejercido por Petróleos Mexicanos (Pemex), porque hasta el duopolio televisivo (Televisa-TV Azteca) tuvo la complicidad de los gerentes en el gobierno para evitar que inversionistas extranjeros y locales se aliaran para diversificar la oferta, como se reflejó en el nefando episodio de Canal 40, con el asalto de Ricardo Salinas Pliego a las instalaciones del Cerro del Chiquihuite.
Además, se firmaron a tontas y a locas cualquier clase de “tratados” para someter a nuestro país a marcos jurídicos internacionales diseñados desde organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), amén de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En fin, se puede mencionar paso a paso el diseño perversamente creado y ejecutado para dejar al gobierno en calidad de un simple vigilante y trasnochado, sin ningún arma para evitar, por ejemplo, que el país fuera convertido en un paraíso fiscal vía Banco de México (Banxico), con tasa cero para especuladores y timadores, ni impedir que se conformara un cartel bancario para actuar de manera usurera, con comisiones fuera de toda proporción.
En tales condiciones, es imposible pedirle al nuevo gobierno que los resultados en materia de crecimiento económico sean distintos de los que han caracterizado a los seis gobiernos neoliberales pasados, menos en cuatro meses, cuando nada del edificio neoliberal ha sido tocado.
Haber cancelado el NAIM en Texcoco no evitó el negocio de los especuladores que, como Carlos Slim y otros, al final están cobrando lo que invirtieron en el proyecto, por cierto con dinero de los trabajadores de las Afores, una estafa que, sobra decir, como otras de su tipo cuenta con el marco legal para apelar cínicamente al “estado de derecho”, para decir que, corrupto y todo, pero “todo es legal”.
De tal manera que, por muy honesto que se pretenda un gobierno, por muy transparente y pulcro que se asuma (falta que lo demuestre), no va a lograr modificar mucho sin demoler todo ese edificio creado para favorecer la acumulación por la acumulación y el agandalle, la evasión y la simulación fiscal, con la consecuente miseria de millones, supuestamente incapaces de hacer nada.
De hecho, hay pocas evidencias de que el nuevo gobierno esté promoviendo una real transformación en la economía, sólo algunas fintas, quizás como “calentamiento”.
Está muy bien eso de “exhibir” y hasta censurar a quienes carecen de “autoridad moral” para criticar el desempeño del gobierno de la autoproclamada “Cuarta Transformación”, como José Ángel Gurría, dirigente de la OCDE, “que formó parte de los gobiernos que dejaron al país en bancarrota” (cierto), personaje que, dijo AMLO, “estuvo cuando el Fobaproa” (también cierto, con el añadido de que hasta desvergonzadamente culpó a los “ahorradores· del timo”).
Pero, ¿qué va hacer el nuevo gobierno con ese engendro llamado Fobaproa, hoy IPAB, punto cumbre de la crisis del diciembrazo de 1994 de Carlos Salinas-Ernesto Zedillo?
¿Va a exigir que los especuladores, que siguen actuando a sus anchas, devuelvan, no ya con intereses, sino los miles de millones de pesos que con impuestos ciudadanos se ha cubierto durante más de 20 años y se siguen pagando? ¿No sólo se van a conocer los nombres de los especuladores, sino que se les va a sancionar? ¿Lo va a cancelar?
Esas y otras preguntas, con o sin “mañaneras” ni entrevistadores a modo, ameritarían no sólo una respuesta, sino incluso un plan de acción pues, ni duda cabe, fue uno de los “agravios nacionales” que bien documentó, por ejemplo, Samuel I. del Villar en uno de sus libros sobre el tema.
Ciertamente, algunas acciones han provocado la histeria neoliberal, muchos gritos, pero de fondo no se han tocado los “fundamentos del libre mercado” ni sus estafas, de modo que lo único que se puede conceder es, por el momento, que todavía faltan más de cinco años para que esto termine.
