Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gusta la competencia, sabe perfectamente de los beneficios que se obtienen al llevar a cabo marchas, plantones, bloqueos, tomas de refinerías y de cualquier inmueble del estado, lo hizo por muchos años y desde luego que conoce de los beneficios que obtienen quienes dirigen los movimientos.
Ahora, ostentando todo el poder el presidente y su movimiento, ven de diferente manera la libre manifestación, consideran que les puede perjudicar, en especial, por el riesgo que corre ser obstaculizado el proyecto, si se le puede llamar a sus pretensiones de infraestructura de esta manera, en su realización, ya que es uno de los que sería emblema en su sexenio, la refinería que se proyecta construir en Dos Bocas, Tabasco.
Casualmente es en esa entidad en donde tiene origen lo que se impondrá como medida para cuidar la ambiciosa inversión federal, porque resulta ser iniciativa del gobernador emanado de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien la promueve y a la que se le ha bautizado como “Ley Garrote”.
Un sometimiento al pueblo y a las protestas con un mecanismo legal que dará autorización para criminalizar a los enemigos de la 4T para recluirlos en la cárcel, no será, como lo ha prometido el titular del ejecutivo federal, por medio de represalias, ni con las fuerzas del orden, será aún más severo el castigo, hacerlo legalmente a quien ose estar en contra de la obra.
Aunque el presidente, el gobernador y su partido parece que no han terminado por medir las consecuencias, ya que no pueden garantizar de ninguna manera el surgimiento de un frente o frentes de opositores que estén dispuestos a pasar por el reducto de ley y terminen por ser considerados como mártires de una acción gubernamental a todas luces autoritaria.
Resulta interesante recordarle al originario de Macuspana que él mismo estaba dispuesto a presentarse como tal en aquél conflicto del desacato a un mandamiento judicial consistente en no obedecer una suspensión definitiva, derivada del juicio de amparo 862/00 concedida por el Juez Noveno de Distrito en materia Administrativa por el problema del caso del Encino, cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
No está de más recordar que todo empezó en el tiempo en el que fungía como Jefe de Gobierno de la capital Rosario Robles Berlanga. El 10 de noviembre de 2000, durante su gestión fue publicado en la gaceta oficial del gobierno el decreto por el que se hacía la expropiación a favor del Distrito Federal de dos fracciones de terreno del predio denominado “El Encino” ubicado en la zona la Ponderosa, delegación Cuajimalpa de Morelos, que no cumplió con los requisitos legales, por lo que se concedió el amparo de la justicia federal a favor de la quejosa, y terminó por pagar los platos rotos López Obrador.
Por este asunto, AMLO tuvo que enfrentar el desafuero que lo dejaría a merced de la imputación del Ministerio Público por el delito de violación a la suspensión, tipificado en el artículo 206 de la Ley de Amparo, sancionado conforme al artículo 215 del Código Penal Federal, a lo cuál se quejó el hoy mandatario; “todo está fabricado para quitarme mis derechos políticos con miras a las elecciones de 2006 y atajar el proyecto alternativo de nación que estamos impulsando, ante el rotundo fracaso del modelo neoliberal del llamado gobierno del cambio”, al final, todo quedó en un circo mediático, porque contendió en las elecciones con el resultado conocido de la victoria de su acérrimo enemigo Felipe Calderón.
López Obrador estaba dispuesto a enfrentar el riesgo, cuyo resultado pudo ser considerado como un acto autoritario para hacerlo a un lado de la contienda, las encuestas así lo determinaban. Un enfrentamiento entre lo legal y lo político, al término pudo más la cuestión política, pero entonces, ¿quién puede garantizar a los que hoy son dueños de la política interna en México que no surja un personaje que le tantee el agua a los tamales como para ofrecerse como mártir? El riesgo para el incipiente inicio de estos gobiernos no han enfrentado mayor dificultad, ya que los enemigos son minimizados por el mandatario de forma mediática.
Aunque da la impresión con esta ley aprobada en Tabasco que es para medir hasta dónde se les permite llegar, algo así como una especie de laboratorio para que en caso de que pase sorteando los problemas que seguramente se presentarán, aplicarla más tarde en otras entidades, en dónde le interesa a López Obrador no tener inconvenientes ni retrasos en sus ambiciones estructurales.
En defensa de dicha Ley, el gobernador, legisladores y el propio presidente han argumentando que existen grupos de manifestantes que abusan y extorsionan, pidiendo algo a cambio de retirarse como condición, sin embargo, el Artículo 308 Bis. Señala “…quien extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”. No hay la limitación exclusiva que condicione la extorción como parte indispensable para su aplicación, con las “o” garantizan configurar el delito a cualquiera.
En este sentido, serán las demás entidades que tendrían que considerar poner sus barbas a remojar; el caso es que Morena tiene con qué imponerse en donde requiera el titular del ejecutivo federal aplicar la consigna, su gente sabe perfectamente que no se permitirá un no, por respuesta, su voluntad es la única que vale.
La Ley Garrote, es una herramienta útil para que no le estorbe nada ni nadie en sus ambiciones, aunque el apoyo que le brindaron 30 millones de mexicanos no será eterno, y en la medida en la que afecte intereses de los diferentes sectores que le dieron su apoyo, en esa medida restará la aprobación de sus locuras, sólo es cuestión de tiempo.
