"El respeto al derecho ajeno es la paz", podríamos decir que ésta es la frase más famosa del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, y también reflexionaríamos que este posicionamiento contiene la más pura esencia del Derecho, que nos llevaría una convivencia humana pacífica y duradera.
Que fácil sería, mis estimados lectores, vivir en paz social, si todos en el mundo respetáramos el derecho ajeno, por voluntad propia; desafortunadamente no es así y por eso existen mecanismos que el Estado tiene para hacer cumplir la norma jurídica y lograr esa convivencia pacífica. Pero ¿qué sucede cuando también el Estado falta a su obligación de defender los derechos de cada uno de nosotros? surge la anarquía y, cada individuo, entonces tendrá que buscar la forma de cuidar esos derechos. ¿Sería válido entonces regresar a la ley del oeste y vivir armados para cuidar nuestros bienes más preciados o crear guardias privadas con el mismo fin?
Toda esta reflexión me surge al analizar las acciones de varios grupos de mujeres, en las marchas realizadas la semana pasada en la capital de nuestro país; mujeres enfurecidas por la situación de riesgo constante en el que viven todos los días y que las hace vulnerables y proclives a ataques de individuos sin conciencia y sin humanidad.
Estoy totalmente de acuerdo en el enojo y hartazgo social, porque no son solo las mujeres, también existimos hombres agraviados con esta situación: padres, hermanos, hijos, novios y esposos, temerosos y preocupados por el presente y futuro de niñas, adolescentes y adultas, que todos los días salen con alegría a su labor diaria sin saber si se encontrarán un violador o asesino que truncará ese deseo de superarse y sobre todo de vivir.
Apoyo su lucha por la seguridad y la paz, pero no apruebo la violencia para buscar el terminar con la violencia; estoy de acuerdo en manifestar libremente, esa necesidad de que el Gobierno responda a su responsabilidad, pero no en el ataque sin causa justa a los bienes y la integridad de terceros.
Así como el gobierno tiene la obligación de acabar con el terror en las calles y perseguir y detener a los violadores y asesinos de mujeres, también tiene la obligación de intervenir y no permitir que ningún movimiento social vulnere los derechos de terceros; no se vale decir que no se utiliza la fuerza pública para no ocasionar más violencia. La fuerza pública del Estado es para salvaguardar la vida, la integridad y los bienes de terceros inocentes y sí debe utilizarse cuando estos están en peligro. No se vale, señora jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quedarse impávida ante estos ataques, recordemos que la omisión en las obligaciones de los servidores públicos, también constituyen delitos, si no que le pregunten a la ex secretaria de Desarrollo Social.
Por cierto, también la destrucción de patrullas y mobiliario urbano, nos afecta; recordemos que todos estos bienes se compran con nuestros impuestos.
