Según definiciones de diversos organismos internacionales defensores de derechos humanos, hay al menos cinco supuestos para que una persona pueda ser considerada como un “preso político”, es decir, que su estadía en una mazmorra no obedece a ninguna acción criminal o ilegal.
Por ejemplo, de acuerdo con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un “preso político” debe considerarse como tal si su detención fue impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con ningún delito; también, si por motivos políticos la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas en relación con el delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido.
Además, se considera “preso político” si por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas, y si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades.
Dejo a un lado los “presos políticos” por violaciones a las garantías fundamentales, como la libertad de expresión, información; libertad de pensamiento, de reunión y asociación, incluso libertad de pensamiento, sólo para preguntar: ¿en cuál de los anteriores supuestos puede aceptar el gobierno del Estado de México el caso de “presos políticos” de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, presuntos autores del asesinato de María de los Ángeles Tamés Pérez, regidora cuando fue victimada el 5 septiembre del año 2001 frente a su domicilio en Las Alamedas, en Atizapán?
Obviamente que en ninguno, incluso obviando el contexto: la persecución emprendida por el ahora ex gobernador Arturo Montiel Rojas contra sus opositores políticos (principalmente del PAN) y llevada al ridículo extremo por el entonces Procurador de Justicia, Alfonso Navarrete Prida.
No sería por falta de argumentos ni de evidencias el rechazo del gobierno estatal a considerar que durante 17 años tuvo en el penal de Barrientos a dos “presos políticos, sino por la protección que el clan familiar del Grupo Atlacomulco suele brindarse entre parientes.
También, es de dudarse que a estas alturas el ex mandatario Montiel Rojas (de 75 años de edad), y Navarrete Prida (un mal artista de la pose y el maquillaje a sus 55 años de edad), puedan tener eso que los sicólogos denominan “un golpe de reminiscencia”, esto es, recuerdos fáciles de recuperar, aunque se supone que han experimentado transformaciones y remodelaciones que han cambiado sus vidas.
Pero en cientos de notas y reportajes quedó evidenciado todo ese montaje de Montiel Rojas y de Navarrete Prida sobre el condenable asesinato: el espionaje (con cintas de música ranchera, por cierto), de las irregularidades del gobierno municipal encabezado por Antonio Domínguez Zambrano (fue absuelto de al menos nueve delitos); de una noche de copas y mota en las inmediaciones de una parroquia y un cementerio, alrededor de una fogata, donde “un bombero” (Francisco Pereira Solace) reveló que escuchó al homicida hablar del crimen, lo cual declaró ante la autoridad, que lo tomó como verídico, “informante” que luego “desapareció”, etc., etc.
La tramoya se cayó pronto cuando el Lobo sitió la cabaña de los cochinitos y soplo levemente: el supuesto asesino material estaba preso en Tula cuando Marigely fue acribillada.
En otras palabras, Alfonso Navarrete se inventó un asesino, un engaño de proporciones bestiales, igual que los 188 mil 670 presuntos delincuentes que, según él, detuvo de septiembre de 1999 a agosto del 2005 como Procurador del Estado de México y entre los cuales no estuvieron, ni podían estar, Jaime Martínez Franco, alías el “Jimmy”, ni Elías Gutiérrez, pues el día del crimen el primero estaba en prisión, como quedó probado, y el segundo había muerto en los sismos de 1985, aunque el “Jimmy” se hacía pasar por Elías, ex cuñado de su hermano Emilio.
Total, que el “asesino material” resultó tan ¡inmaterial!, que es fecha que no lo han capturado.
Empero, los “eficaces servicios” de Navarrete Prida fueron correspondidos: fue premiado luego como Secretario del Trabajo y Secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (otro miembro del clan familiar de Isidro Fabela Alfaro), quien despachó cheques como sobornos a diputados locales (ex panistas y ex perredistas) cuando fue secretario de Administración estatal con su tío Montiel Rojas.
Que un juez haya aprobado el pasado fin de semana la liberación de Daniel García y Reyes Alpízar Ortiz, por petición de la Fiscalía General de Justicia estatal, y que el proceso judicial en su contra por el asesinato de Marigely lo continúen excarcelados, con uso de brazalete electrónico, no es más que la continuación de una farsa camuflada en procedimientos legales, buscando dejar a salvo al gobierno estatal y encubrir a los autores de la misma.
Los “presuntos culpables” permanecieron 17 años en prisión sin ser sentenciados, cuando la Constitución es clara y refiere que una medida cautelar debe prolongarse a lo mucho dos años.
Se trata de una infamia que tiene récord a nivel mundial, pues, pero a la que además, en vez de por lo menos un fingido “usted disculpe”, los imputados deberán someterse a medidas como “presentarse periódicamente a las audiencias, no tener contacto con los ofendidos o familiares de María de los Ángeles ni acercarse a sus lugares de residencia; no salir de la entidad y, además, estar sujetos a brazalete electrónico”, según se difundió en medios informativos.
A la impunidad frente al asesinato de una joven mujer, se suma la ficción leguleya de un aparato de justicia y de gobierno para tratar de evadir su responsabilidad en un hecho vergonzante.
