Para el debate y la reflexión, cinco entidades de nuestro país han sido comparadas con Siria o Irán en términos de violencia e inseguridad, y de que otras once están en la franja que los coloca a la par que Bolivia (antes del “golpismo” neoliberal” de ayer); Nicaragua, Nigeria y Chad. Nada más, pero nada menos.
La similitud proviene del Departamento de Estado de los Estados Unidos y podría argumentarse que nuestros vecinos se están comportando como los “policías de siempre”, que están interviniendo en la vida del país, que algo buscan y que, en suma, sí se tienen problemas, pero no es para tanto.
Empero, lo que vino a encender los semáforos fue la masacre en contra de miembros de la familia LeBarón, mormones estadounidenses, el pasado 4 de noviembre, en Chihuahua.
Una presunta disputa entre los carteles de Sinaloa y La Línea derivó en el asesinato de seis menores y tres mujeres, miembros de una familia de religiosos que se separó de la iglesia de los Santos de los Últimos Días, con sede en Utah, Estados Unidos. Uno de los integrantes de esa familia, Julián LeBaron, es un reconocido activista por la paz, esto luego de varios atentados contra sus familiares.
Según las autoridades estadounidenses, los cinco estados que están a la par de Siria, donde se vive una guerra civil desde hace unos siete años, son Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Colima. Todo por la “narcoviolencia”.
Las otras once entidades donde igual las cosas están color de hormiga debido a ese fenómeno, aunque en este caso con color barajan en Alerta 3 (igual se pide ni viajar, por la inseguridad), son Chihuahua, Estado de México, Morelos, Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Sonora.
En efecto, los hechos son irrefutables a la hora de la suma de muertos e incidentes violentos, así como la gran cantidad de delitos que por robo, secuestro u otros, se cometen en todas esas entidades, incluido el asalto en unidades de transporte, uno de los ilícitos “más socorridos”.
Si bien se puede alegar que el “mal es generalizado” y que cunde el mal ejemplo en todo el país, lo cierto es que los gobernadores y alcaldes de las entidades mencionadas tienen parte de responsabilidad en la situación.
No se puede negar que hay casos donde son notables los empeños y trabajos coordinados entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) por hacer frente al crimen común y al organizado, como sería el caso del Estado de México. Pero también es cierto que las cosas no están dando los resultados esperados, ante lo cual se hace necesario reforzar o modificar las estrategias.
Los estadounidenses están en su derecho de decidir si visitan o no los estados con notas “rojas”, de sacar raja política incluso para beneficiarse con poner freno al turismo y sus ciudadanos gasten sus dólares allá y no acá, pero los habitantes de esas entidades, y del país en general, merecemos ya una situación diferente de la que se ha vivido durante los últimos 13 años.
Los gobiernos federal, estatales y municipales, siguen en deuda con millones de ciudadanos en materia de seguridad y combate al crimen. No tenemos necesidad de que nadie ponga etiquetas a nuestros estados ni al país, ni de que se nos recomiende, con buena o mala leche, en el exterior, pues de antemano se sabe que se tiene un problema que requiere ser dimensionado, asumido y solucionado. Ya es tiempo.
