Inhibe la inversión, reduce la productividad, distorsiona la asignación de recursos, profundiza la desigualdad y disminuye el potencial de crecimiento. Los mexicanos consideramos que el problema es uno de los principales del país que debe resolverse, pero 51 por ciento de los ciudadanos reconoce que ha participado en su práctica durante el último año.
La corrupción impacta el bienestar de toda la sociedad y los estudios indican que cada año se pierde hasta 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB nacional). Los daños económicos se estiman en 1.5 billones de pesos.
De acuerdo con la última actualización con respecto a los costos de la reconstrucción necesaria tras los sismos de septiembre pasado, se necesitarán 48 mil millones de pesos; es decir, los recursos que se pierden por la corrupción anualmente, podrían emplearse para recuperar… ¡Hasta 31 veces lo perdido!
Los indicadores internacionales colocan a México en dos extremos: para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estamos en el último lugar con respecto al combate a la corrupción y el Barómetro Global de Corrupción nos ubica en el primer lugar… como el país más corrupto de América Latina. Preocupantes ambas posiciones.
La Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2015, indica que 64.7 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción será mayor en seis años.
Hace más de una década, en los foros de discusión para crear la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la expectativa era que la nueva normatividad contribuiría a reducir las prácticas de corrupción, asociadas generalmente al sector gubernamental. Los indicadores recientes indican que la transparencia ha sido insuficiente para combatir el problema.
Ahora, en pleno proceso para integrar el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, toma mayor relevancia el tema. La dificultad principal que se enfrentará -desde mi perspectiva- es el poco interés de los mexicanos con respecto a los asuntos públicos. Se estima que 50 por ciento de los ciudadanos tiene poco o nulo interés en los temas colectivos o públicos.
Este miércoles, en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Jacqueline Peschard, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, advirtió que la corrupción es un problema arraigado en la estructuras públicas y ampliamente tolerado por el ciudadano, y enfatizó que es necesario establecer un sistema de denuncia eficaz, que considere la protección a quienes se atreven a denunciar.
La única forma en la que podrá avanzarse en la prevención, investigación, denuncia y sanción de la corrupción, será la participación decidida, valiente y segura de los ciudadanos… o tardaremos -como calculan los estudiosos en la materia- 40 años en eliminar ese problema.
PERCEPCIÓN
Sorpresiva la designación del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, como delegado especial del PRI con funciones de presidente en la Ciudad de México. Las señales son diarias y aparentemente claras.
