En el transcurso de la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que el crecimiento mundial se tornará marcadamente negativo en 2020. De hecho, señaló que espera las peores secuelas económicas desde la Gran Depresión, como se le conoce al periodo que comenzó en 1929. Señaló también que hace tan solo tres meses, se esperaba para 2020 un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de sus países miembros, añadiendo que hoy, ese número ha dado un giro de 180º: ahora proyectan que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año.
Añadió que, en los últimos dos meses, han salido de los mercados emergentes (incluido México) aproximadamente USD 100.000 millones de inversiones de cartera, monto más de tres veces mayor que en el mismo periodo de la crisis financiera mundial. Los exportadores de materias primas están sufriendo doblemente debido al colapso de los precios de las materias primas. Y se espera que las remesas —el sustento de tanta gente sin recursos— se reduzcan.
Por su parte, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, señaló que el comercio mundial de mercancías experimentará un descenso de entre 13% y el 32% en 2020 debido a la pandemia de Covid-19. Es probable, dijo, que la caída del comercio sea más pronunciada en sectores caracterizados por la complejidad de las cadenas de valor, sobre todo en el caso de los productos electrónicos y de la industria del automóvil. Mencionó también que el comercio de servicios bien podría ser el más directamente afectado por la Covid-19, debido a la imposición de restricciones al transporte y los viajes. Nos recordó también que se han cerrado sectores enteros de las economías nacionales, como los de los hoteles, los restaurantes, el comercio al por menor no esencial y el turismo, así como partes importantes del sector manufacturero.
Ante esta situación, las economías de diversas partes del mundo han respondido de diversas maneras.
El mismo FMI mencionó que está respondiendo a un número sin precedente de solicitudes de financiamiento de emergencia: más de 90 países hasta ahora. Su Directorio Ejecutivo acordó la duplicación del acceso a sus servicios de emergencia, lo que les permitirá atender una demanda de financiamiento que se prevé será de aproximadamente USD 100.000 millones. Se han aprobado ya programas de préstamo en un tiempo récord —entre otros, para la República Kirguisa, Rwanda, Madagascar y Togo— y pronto seguirán muchos más. Lo novedoso de estos préstamos es que no hay condiciones para que adopten un plan de ajuste de balanza de pagos (la famosa condicionalidad del Fondo).
Por su parte, la Unión Europea ha destinado 100,000 millones de euros para apoyar a las empresas a través de líneas de crédito, sobre todo a Micro, pequeñas y medianas empresas, las Mipymes, a fin de que no despidan empleados. Adicionalmente ha liberado 500,000 millones de euros para atacar directamente la pandemia.
En Estados Unidos, la Fed ha abierto apoyos al sistema financiero por 2.3 billones de dólares, cantidad que se suma al enorme apoyo financiero que se está negociando en el Congreso, por más de 2 billones de dólares. No está por demás mencionar que, en ese país, la cifra de demandantes de apoyo por seguro de desempleo ya rebasó los 16 millones de personas.
¿Y en América Latina?
Como han señalado algunas publicaciones, se tiene lo siguiente.
En Brasil, donde existe un programa llamado Bolsa Familia, y que es similar al programa Prospera de México, desaparecido por la actual administración, el gobierno creó un fondo de apoyo por 3,000 millones de reales, el cual incluye un millón de personas adicionales al mencionado programa. También aprobó la transferencia de 600 reales (2,800 pesos mexicanos) a todos los trabajadores informales, autoempleados y familias en vulnerabilidad.
En Argentina existe un programa similar, llamado Ingreso familiar de emergencia de 10,000 pesos argentinos (3,750 pesos mexicanos) dirigido hacia trabajadores por cuenta propia, como trabajadores del hogar y taxistas. Tendrán 3.6 millones de beneficiarios, cerca del 10% de la población.
En Perú, el gobierno presentó el subsidio Yo me quedo en casa, dirigido para población en pobreza. También duplicó el monto, no solo adelantó el pago, de los programas ya existentes.
Todos estos programas se engloban dentro del enfoque que los economistas llamamos políticas anticíclicas, o sea políticas públicas diseñadas para contrarrestar los efectos de una caída en la economía; por ejemplo, a través de impulsar el gasto, en este caso el consumo privado, pero no de una manera exagerada ni desordenada, a fin de no crear presiones inflacionarias, lo que sucedería si se regalara el dinero en grandes cantidades, lo que sería una medida populista.
Estas acciones hay que complementarlas con una serie de medidas que, incluso el mismo FMI, recomienda; a saber: por un lado, proteger a las personas y empresas afectadas con medidas fiscales y, por otro lado, para el sector financiero, medidas que sean amplias, oportunas y focalizadas. Esto, señala el organismo, depende de las circunstancias de cada país, pero incluyen aplazar el pago de impuestos, otorgar subsidios salariales y transferencias monetarias a los grupos más vulnerables (cosa que ya están haciendo algunos países, como vimos); ampliar el seguro de desempleo y la asistencia social, y ajustar temporalmente las garantías de crédito y las condiciones de los préstamos.
¿Y en México?
La epidemia del Coronavirus se declaró como tal el 18 de marzo; el día 25 del mismo mes, el presidente seguía diciendo a la población que salieran a comer fuera, que no se quedaran en sus casas. En los últimos días hemos visto un incremento sustancial de los fallecimientos por “neumonía atípica”, aunque los debidos al Covid19 son relativamente bajos. Es de notar sin embargo que las autoridades han reconocido que el número total de contagios por Covid-19 puede ser de más de 26,000 personas, no las 3,500 reportadas originalmente.
Una vez declarada la contingencia y ante los nubarrones económicos que se avecinaban, el domingo 4 de abril, esperábamos un comunicado del gobierno federal, en donde se nos había prometido el anuncio de un plan para la reactivación económica. No hubo tal.
No se mencionaron probables apoyos para las Mipymes, tampoco nada de apoyos, que no exenciones, fiscales; ni prórrogas en los pagos de bienes y servicios públicos. Ni siquiera hubo una extensión en el tiempo para la rendición de las declaraciones fiscales de las empresas ante el Sistema de Administración Tributaria, el SAT. Lo peor es que el sistema del SAT falló y ahora se van a tener que corregir. Tampoco se dijo algo sobre un probable apoyo al sector informal de la economía, donde se encuentran empleados más de 31 millones de mexicanos, de los cuales una gran cantidad vive al día con día.
Por el contrario, se están instrumentando medidas de política económica pro-cíclicas, es decir, que van a aumentar el impacto de la crisis. Por ejemplo, en lo que respecta a la protección al empleo y al salario, nos hemos enterado que el Inegi despidió anticipadamente a 18 mil encuestadores sin pagar el total del salario que estipulan sus contratos; o, lo que es más grave, que el gobierno mexicano anunció que reducirá en al menos $22,000 millones su gasto este año, por lo que muchas empresas proveedoras del gobierno enfrentarán problemas y, en el contexto actual, podrían incluso cerrar, pues no hay otros potenciales clientes.
En este contexto, sin duda las finanzas públicas son un gran problema para el actual gobierno: en el primer bimestre del año, el gasto programado para la Secretaría de Salud, se retrasó en 43 por ciento, según datos de la Secretaría de Hacienda, es decir, aun y cuando ya se conocía la amenaza por el coronavirus.
Pero no es solo eso: el Gobierno federal autorizó a estados y municipios el uso de fondos anticrimen para la compra de insumos médicos destinados a la atención del Covid-19.
Este año, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que se canaliza a los 32 estados, cuenta con una bolsa de 7 mil 443 millones de pesos; y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg) tiene un presupuesto de 4 mil millones de pesos. Pero hasta donde sabemos, las Aportaciones están etiquetadas, es decir, son para un fin específico a través de un presupuesto autorizado por el Congreso, y el Ejecutivo no puede modificar esas partidas si no es con permiso del Congreso. No olvidemos que el año pasado fue el más violento de los últimos años.
Posteriormente, se publicó una lista de labores empresariales no esenciales que deberían parar actividades, pero excluyendo aquellas que surten de insumos a las tres obras emblemas de la actual administración: la refinería, el nuevo aeropuerto y el tren maya. A estos se añadieron posteriormente el sector automotriz, por pedido de los industriales del sector de los EEUU.
En este contexto, la popularidad del presidente López viene a la baja de una manera pronunciada: de tener 83 por ciento en febrero de 2019, un año después es de 60 por ciento, mientras que la gente que desaprueba su gestión ha pasado de 14 a 37 por ciento; es decir 20 por ciento que antes lo aprobaba ahora está en desacuerdo con su gestión (fuente: El Financiero).
Retomando lo que señala la OMC acerca de dos de los sectores más afectados, el electrónico y el automotriz, ambos son, como sabemos, muy importantes para la economía mexicana. El primero por el empleo generado en las maquiladoras en la frontera norte, y el segundo, por la contribución que hace este sector de más del 20 por ciento de las exportaciones manufactureras.
Debe añadirse también que el alto desempleo en EEUU afecta también a nuestros connacionales que envían las remesas a México. Con la expulsión de muchos de ellos, se resentirá la falta de estos dineros en las poblaciones de donde son originarios. Además, las ciudades de la frontera ya están resintiendo los efectos de estas deportaciones: el gobierno de Trump ha realizado casi 10 mil deportaciones exprés desde el 21 de marzo, cuando cerró la frontera sur a viajes no esenciales.
¿Cuáles son entonces las perspectivas?
Definitivamente no son buenas para la economía mexicana. Ante la inacción del gobierno federal, los gobiernos de algunos estados han tomado iniciativas para aligerar el impacto de la crisis, ya sea sobre las personas o sobre las empresas; y más recientemente el sector privado convocó al Plan para Ayudar Juntos a México.
Pero es necesaria una visión de Estado y mundial de parte del gobierno federal: las negociaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo más amigos, “OPEP+” como se le conoce, se estancaron debido a la posición de México de no querer reducir su plataforma de exportación. Ante esta situación, los EEUU han decidido ‘ayudar’ a México, pero ya dijo Trump que México le pagará después el favor; en otras palabras, hemos aumentado nuestra deuda/dependencia con el vecino del norte.
Como señalamos en nuestra colaboración del 29 de marzo, es necesario un Plan de Amortiguamiento de la crisis de tipo anticílico que incluya:
1. Impulsar el gasto público, aunque esto signifique un déficit en las finanzas: medio punto o incluso un punto del PIB como déficit no es algo grave, y puede corregirse una vez que la actividad económica se recupere y el gobierno vuelva a cobrar impuestos.
2. Este gasto debe darse, con las actuales limitaciones del caso por la actual pandemia, dirigido hacia la inversión, no hacia el gasto corriente, de tal manera de crear empleos y generar infraestructura para el desarrollo del país.
3. Crear un plan de apoyo para el sector informal, pues mucha gente que labora en el mismo vive al día a día (taquerías, tianguis, comercio informal en general, sector de la construcción, etcétera) y son muchas veces negocios familiares que en el actual momento han visto muy mermados sus ingresos.
4. Dar un periodo de gracia de cuando menos dos meses a las deudas de las personas físicas con los bancos, o reprogramarlos en pagos parciales de 6 o hasta 12 meses.
5. Apertura de una línea de crédito especial en Nafin para las Mipymes, que serán las más golpeadas por esta crisis, pero son también las mayores generadoras de empleo en el país. Esta línea de crédito les servirá para pagar deudas, aprovisionarse y hacer planes de adquisición de mercancías al corto y mediano plazo, tal vez incluso con el aval de Nafin.
6. Mención especial merece el campo mexicano. Según diversos reportes, varios países han suspendido las exportaciones de sus productos alimenticios, dándole prioridad a su población en el consumo de los alimentos. Esto sin duda llevará a una escalada de precios de estos productos y, tal vez, a una ficticia escasez mundial. En este contexto, es muy necesario apoyar al campo con estímulos de parte del gobierno en insumos y capacitación, así como en la adquisición de equipos y semillas en el exterior con apoyo de Bancomext, solicitando a través de esta institución un crédito con el Banco Mundial.
7. Prórrogas en los pagos de bienes y servicios públicos.
La economía mexicana está mal, es un hecho. Las políticas procíclicas ahondarán la crisis. Tenemos la gente y los recursos para instrumentar medidas que ayuden a amortiguar la presente crisis, para empezar a pensar en lo que haremos una vez que pase lo más difícil de la pandemia.
Y por favor: cuide usted su dinero y cuide su salud. No salga de su casa.
*Doctor en economía por SciencesPo París; profesor en el Departamento e economía de la UAM Azcapotzalco, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
