No existen cifras precisas respecto de las ganancias que anualmente genera la producción y distribución de drogas a las organizaciones criminales mexicanas, pero es incuestionable que deben ser igual de alucinantes que los efectos de sus productos, por eso la sanguinaria disputa por el mercado.
¿Se generan 600 mil millones de pesos anuales como aseguran investigadores de la UNAM, entre ellos el economista José Luis Calva, y varios de las universidades de Guadalajara e Hidalgo?
¿Anualmente se “lavan” en el sistema financiero mexicano entre 17 mil millones de dólares y 19 mil millones de dólares, según estimaciones de autoridades de justicia del país más consumidor de enervantes del mundo, Estados Unidos?
¿El mercado negro de venta de armas, que beneficia a la industria bélica estadounidense, deja más de 100 millones de dólares de ganancias al año?
Nadie lo sabe con certeza, pero el hecho es que son sumas fabulosas que “se invierten y se gastan gastan en alguna parte” y los presuntos delincuentes, como es obvio, no operan solos.
Detrás del negocio, como socios o como patrones, están financieros, empresarios y, claro, políticos, policías y demás, lo cual incluye también a toda una “base social”, muy extendida en los últimos sexenios.
Empero, los 600 mil millones de pesos, producto de acciones consideradas por la ley como “ilegales”, hasta parecen limpios frente a los 500 mil millones de pesos que anualmente se evaden de impuestos mediante las machincuepas “legaloides” y “servicios amistosos” de funcionarios para favorecer a empresas factureras y su nutrida nube de clientes, entre los cuales figuran grandes empresas, políticos y hasta instituciones públicas.
Tan sólo los recursos de la evasión fiscal servirían para pagar el 50 por ciento de lo que se cubre anualmente por concepto de intereses de la deuda pública, o atender la pandemia del Covid-19, y hasta se tendrían excedentes.
Tanto el narcotráfico como toda esta evasión al fisco, que no considera el no pago de impuestos por la especulación financiera y otras muchas concesiones, explican en buena medida “la buena marcha de la economía” y su mediocre crecimiento del 2 por ciento en las últimas décadas, es decir, esa economía que no sabe otra cosa que producir miseria y pobreza y acrecentar fortunas.
Se impone entonces una verdadera transformación. Y hace bien la autoridad en ir contra los evasores, aunque es claro que debe ampliar su campo de acción y proponer iniciativas encaminadas a frenar la barbarie financiera vía impuestos, una hemorragia que ha venido menguando al país al menor signo de “incertidumbre” generado por cualquier cosa.
También, ¿por qué en vez de estar pagando “servicios de espionaje y filtraciones” con cargo al erario público para que se perpetren atentados armados contra otros funcionarios, como el del viernes en pleno corazón de la Ciudad de Mexico, no se despenalizan las drogas y se cobran impuestos?
Si una empresa grave, además de la financiera, debe solucionar la autodenominada “Cuarta Transformación, es esa. Van a cumplirse dos años del nuevo gobierno y simplemente la estrategia es igual que la aplicada durante los ya casi últimos 14 años: ejecutados, descuartizados, balaceras con calles y avenidas como campo de batalla. La escena es la misma, con actores distintos (esto, por los muertos) y “algunas bajas sin sangre” en las alturas del crimen.
Una visión de “Estado”, incluso uno “protector”, exige hacer a un lado hipocresías religiosas y sociales, además de presiones de farmacéuticas y de financieros. Sin eso no habrá nada. O muy poco (lo mismo, pues).
