Uno de los reclamos más sentidos de la sociedad, por ser el medio que los acerca a su trabajo, escuela o actividades, incluso para paseos familiares y de esparcimiento, es el servicio de transporte público, ya sea de derroteros, taxis, taxis tolerados, taxis colectivos, moto taxis, o bici taxis; sin embargo, las condiciones del servicio de cada uno de los mencionados dista mucho de ser de buena calidad, bueno, me parece que ni de mediana calidad. Pues éstas, las imponen las empresas, o grupos organizados, que han hecho de la necesidad de este servicio su modus vivendi, aún, en forma ilegal por algunos, ya que el servicio que se presta por los taxis tolerados, taxis colectivos y moto taxis se encuentran fuera de norma; es decir, trabajan en la ilegalidad, aprovechando la necesidad que tienen los ciudadanos para llegar a su destino, pero no es culpa del usuario, ¿de quién, entonces? Todo queda en manos de la autoridad y de los transportistas, o grupos creados con este fin, al amparo de las lagunas legales.
¿De qué sirve el aumento al pasaje? Sexenio, tras sexenio, los transportistas se comprometen con cada secretario de Transporte, ahora de Movilidad, en mejorar la calidad del servicio, en cerrar filas con el gobierno y apegarse a una normatividad que parece más vulnerable que efectiva; es precisamente la falta de un real compromiso empresarial con el gobierno y los usuarios que los buenos resultados brillan por su ausencia, pues en sentido contrario, hablar de transporte, es referirse a quien genera incertidumbre y desconfianza, especialmente para quien paga su pasaje y utiliza el medio que se ofrece, que, a pesar de ser concesionado, parece que todo se rige bajo la voluntad del sector transportista, y la promesa de la mejora, con motivo del citado aumento, queda en el olvido.
Hasta el momento, ningún secretario que ha tenido a su cargo la dependencia puede tener la certeza de contar con una base de datos fidedigna que se acerque a la realidad, en cuanto a la cantidad de unidades, por cada tipo de vehículos que hay prestando el servicio y que circulan en territorio mexiquense, pues muchos de ellos se encuentran trabajando fuera de la norma establecida, y no en pocas ocasiones apoyados por líderes o partidos que, si bien conocen de las limitaciones de la ley, se atreven a exigir autorización para casi con cualquier vehículo explotar el servicio.
El resultado de todo esto lo vemos a diario en los lugares por donde transitan los vehículos que dan, con autorización o no, el servicio de transporte público; a la falta de orden se suma la indiferencia, intolerancia y arbitrariedad de muchos de los conductores, lo que genera molestia de usuarios, automovilistas y transeúntes, sin que aparentemente haya autoridad que los haga entrar en cintura.
Llevar a cabo operativos por parte de la Secretaría de Movilidad para revisar que el parque vehicular se encuentre dentro de la norma y castigar a quienes no lo están funciona a medias, ya que los mismos operadores se dan el “pitazo” para evitar la zona. Aún en las revisiones generales que se hacen a las empresas es difícil saber cuántos son los que no deberían circular por haber transcurrido los diez años que se permiten para este fin, pues, lo mismo se ven taxis, camiones y peseras de años que rebasan el límite permitido y que los mismos empresarios ocultan al momento de la revisión.
Y así, pasan los años, y con ellos los sexenios y los usuarios siguen sufriendo por igual, mejor dicho, peor, por la cantidad espantosa de asaltos que se cometen a diario a bordo en el transporte público, en cualquiera de sus tipos, lo cual no hay forma de contabilizar para tener el dato preciso, ya que muchos afectados prefieren no denunciar para no perder todo el día dando su declaración ante la autoridad persecutora de los delitos, ¿el resultado? Se genera impunidad.
La tarea del secretario Raymundo Martínez Carbajal, sin duda, es complicada, pero por algo el gobernador le pidió atender el tema. Organizar, y en especial poner en orden al Transporte Público es una prioridad que la comunidad en general exige que se atienda.
Por otro lado, hasta el momento el asunto del aumento de la tarifa que se dio antes de finalizar el sexenio anterior no se ha vuelto a tocar, ¿por qué será?
La certidumbre que desea el pueblo de la entidad mexiquense es saber a dónde nos lleva la política que habrá de aplicarse a este particular, ¿qué se debe esperar?
El 17 de diciembre de 2014 se publicó el decreto 360 que dio origen a la que hoy conocemos como Secretaría de Movilidad, sustituyendo a la Secretaría de Transporte, con la intención de dotarla de un nuevo ordenamiento legal, con mayor vitalidad, pues contempla todo lo que involucra la movilidad como un derecho humano, entrando en vigor el 18 de diciembre del mismo año con el apoyo de la Ley de Movilidad, que se publicó el 12 de agosto de 2015 con el decreto 486.
Esta ley entró en vigor el 5 de noviembre de 2015 para darle certidumbre a su actuar, con la herramienta legal necesaria para cumplir con su cometido. Pero también determina que no es sólo el transporte lo que debe atender, por lo que es obligación de la dependencia coordinar acciones con otras secretarias, como la de infraestructura, entre otras, para cumplir con su propósito.
¿Qué esperar de la política que habrá de aplicarse? Ojalá pronto lo sepamos.
