Supongamos que, en efecto, nadie sabía nada de la propensión del ex presidente Enrique Peña Nieto respecto de repartir sobornos entre representantes del Poder Legislativo, siempre bajo etiquetas alcahuetas varias.
Pero la fama lo precede. Lo hizo cuando fue titular de la Secretaría de Administración en el gobierno que encabezó su tío, Arturo Montiel Rojas, en el Estado de México, allá a principios de los años del nuevo milenio.
Jugosos cheques a diputados locales panistas que conformaron una bancada (in) dependiente, incluidos varios diputados del PRD, salieron del despacho encabezado por quien luego heredó el poder (costumbre familiar en suelos mexiquense para honrar la memoria nepótica de Isidro Fabela Alfaro, líder moral del Grupo Atlacomulco).
Un par de medios informativos difundieron los sobornos, documentos entregados para la supuesta realización de “actividades partidistas” (para el inexistente Partido (In) Dependiente), pero hasta Montiel “se indignó” de que se insinuara siquiera que los legisladores estaban siendo “maiceados” para terminar con la mayoría panista y aprobaran todas sus iniciativas, incluida una a la medida para que él pudiera contraer matrimonio a la brevedad. “No son pollos”, espetó en su momento.
Aunque contundentes, las pruebas fueron negadas y, claro, nadie sabía nada del caso, aunque luego los beneficiarios reconocieron que sí recibieron los recursos (algunos hasta por 25 millones de pesos) pero intentaron purificarse asegurando que los aplicaron “para obras” en sus comunidades (ajá).
Con esa genealogía (parte del culto al monumento a la corrupción del profesor Carlos Hank González que se levanta en el Paseo Tollocan, a la entrada - o salida- de la Ciudad de Toluca), lo novedoso en el escándalo de los sobornos a ex legisladores (diputados y senadores) panistas y perredistas (hoy algunos morenistas incluso), para que aprobaran la “reforma energética” en el año 2013, es que se desmintió la máxima de que “en política lo caro sale barato”, aunque prevaleció el embuste altruista y caritativo.
Lo anterior, porque según las primeras “filtraciones” de Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex y nueva “estrella mediática” de la galaxia de corrupción de lo que se autodenominó como “El nuevo PRI”, él se encargó de dar 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN para que impulsaran y votaran a favor de las reformas, parte del ampuloso Pacto por México, particularmente las energéticas y así abrir a la iniciativa privada su “participación” -en realidad privatización- en la industria petrolera.
De bulto, es una cantidad bárbara. Pero se supone que tales “sobornos” fueron repartidos entre los 152 legisladores que conformaban las bancadas blanquiazules tanto en el Senado (38) como en el Congreso Federal (114), de modo que, si no hubo los “moches” tradicionales entre la cúpula blanquiazul, cada cual se llevó la friolera de 344 mil 605 pesos, aproximadamente, es decir, casi cinco meses de salario, en el caso de los diputados.
En otras palabras, si bien el mexicano promedio no vería esa cantidad ahorrando varios años, nunca en política lo caro salió tan barato si se toma en cuenta el tamaño del pastel petrolero, incluso de lo que supuestamente recibió Emilio Lozoya de las firmas Odebrecht y de Altos Hornos: 12 millones 400 mil dólares.
Además, el soborno al legislador por la “reforma energética” presenta otro aspecto porque quizás hubo varios despistados que ni se dieron cuenta y su voto a favor fue negociado en las alcobas de la Torre de Pemex, esto por esas malentendidas “disciplinas” impuestas por las dirigencias y las “burbujas”, donde se habrían quedado con la tajada del león.
Como sea, obviamente estos recursos no van a tener la etiqueta de “sobornos especiales” pro-reformas, sino alguna encubridora denominación: “subvenciones extraordinarias”, “gastos especiales para "gestoría”, “oficinas de atención”, “propinas para valet parking” o extravagancias del tipo Peña Nieto como “gastos para agua de tocador”, “compra de cortaúñas”, “gel fijador de cabello”, “papel sanitario”, “rastrillos” y además, en estricto apego a la paridad de género, “toallas femeninas”, “planchas para cabello”, “gastos médicos” (que incluirían arreglos estéticos o fiestas especiales) y todo un arsenal de cosméticos, perfumes y otros, técnicas burdas de purificación sin duda, pero todavía efectivas.
De todo esto es claro que en el PRI no sabían nada (de hecho ya se deslindaron de Lozoya Austin); los que presuntamente obligaron al ex funcionario a entregar los sobornos, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y demás, desde luego tampoco sabían nada. Los sobornados, menos.
Así, al final todos van a pedir más recursos para tratar de limpiarse la cara con más “agua para tocador”. Y en una de esas, los señalados hasta exigen una disculpa por haber sido vilipendiados públicamente (ya ha sucedido con otros corruptos que, de piel sensible pero amantes del dinero sucio, han llegado al grado de demandar a periodistas por presunta difamación).
Ya se verá hasta dónde la narrativa de la anticorrupción se respalda con hechos, porque además se trata de un asunto muy espeso, pero de mientras la verdadera preocupación parece estar en conseguir toda el agua de tocador posible por parte de los señalados, mientras los presuntos justicieros le atizan mediáticamente, llevando agua a su molino, todo con vistas a las elecciones intermedias.
