“Nosotros no vamos a dar protección. No va a haber impunidad para nadie” afirmó, el pasado lunes, de manera tajante el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado con respecto al eventual juicio que se desarrollará en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue detenido la semana pasada en Estados Unidos, acusado de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico.
El fin de semana –apenas transcurridos un par de días luego de la detención-, el presidente exigió que se investigue a la agencia antidrogas estadounidense: “los de la DEA deben informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente trataron tanto con García Luna como con el general secretario del sexenio pasado”, y señaló que las autoridades norteamericanas ingresaban a nuestro país “como Pedro por su casa”, por lo que sabían lo que ocurría.
Sin embargo, el tono de “defensa” que se percibió en esa primera declaración, generó una serie de críticas, comentarios y reflexiones, en el sentido de que comunicaba una protección implícita a quien fuera el “general secretario” durante los seis años del sexenio anterior y cuya designación se realizó con apego a las reglas no escritas del Ejército Mexicano, donde la carrera militar, la verticalidad y la disciplina, son elementos sustanciales para ascender.
Y parecía natural la defensa inicial del presidente, porque el ejército ha sido un actor estratégico para su gobierno. Construir del nuevo aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”; apoyar la atención al desabasto de gasolina con la custodia de pipas y la contratación de choferes; distribuir los libros de texto gratuitos; construir sucursales del Banco de Bienestar, así como dos tramos del Tren Maya; remodelar 32 hospitales abandonados y atender a pacientes infectados por el Covid-19, son algunas de las tareas asignadas a las fuerzas armadas en esta administración federal.
En Palacio Nacional midieron la reacción que provocó la primera declaración del presidente al “defender” al ex secretario. Seguramente –siguiendo su olfato político- el presidente buscaba transmitir tranquilidad a las fuerzas armadas, donde la detención del general de División provocó desconcierto, por decir lo menos. Por ello, el mismo lunes –durante su mensaje en la “mañanera”- el presidente advirtió que no se daría protección a nadie y que de confirmarse su responsabilidad ante las autoridades estadounidenses, se procedería también en México.
Como se ha informado, las autoridades mexicanas desconocían la investigación que desarrollaba Estados Unidos -desde agosto de 2019- para prevenir que hubiera algún aviso al general –quien en marzo de 2014 recibió la Presea Estado de México, en representación del Ejército Mexicano- y ello impidiera su detención. Pero, naturalmente, luego del arresto efectuado en el aeropuerto de Los Ángeles, California, las autoridades dieron más datos al gobierno mexicano, lo que modificó la narrativa presidencial, procurando dejar a salvo a la institución, insistiendo en que no puede culparse a todas las fuerzas armadas por las posibles acciones del general Cienfuegos.
Al ser cuestionado en la conferencia de prensa del lunes, con respecto a la posibilidad de que se investigue al ex mando militar en México, afirmó que eso ocurriría a partir de los resultados de la investigación. “Se habla en la denuncia de que hay grabaciones, hay pruebas. Lo mismo que en el caso de García Luna. Vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quiénes involucran. Nosotros tenemos que proceder. Que les quede claro: nosotros no vamos a dar protección. No va a haber impunidad para nadie”, afirmó el presidente.
La información que ya recibió el gobierno mexicano, a la que se suma la negativa para otorgar la libertad bajo fianza al general en retiro, quizá obligue al presidente a actuar en contra de quienes ejercían el poder en los sexenios anteriores, porque –de comprobarse los primeros señalamientos que se han filtrado- las conexiones en este caso alcanzarían a diferentes personajes de la política. Una pista: hace poco más de un mes, el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) durante el mandato del presidente, Enrique Peña Nieto, dejó la Agregaduría Militar de la Embajada de México en España. En la realidad cotidiana, el jefe del EMP funcionaba como el canal de comunicación directo entre los titulares del Poder Ejecutivo y la Secretaría de la Defensa Nacional.
PERCEPCIÓN-
¿Qué criterios habrá seguido el Ayuntamiento de Toluca para autorizar la tradicional Feria del Alfeñique, donde la gente no sigue al pie de la letra las medidas sanitarias para prevenir los contagios por Covid-19? En unas semanas, lamentablemente, se conocerán más contagios.
