La crisis financiera por la que atraviesa el Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM) no es algo nuevo, ni privativo sólo de ese organismo, aunque pudo haberse evitado. Hoy, hay un debate serio sobre la modificación del régimen de pensiones o sobre el aumento a las cuotas de los trabajadores y de las aportaciones de los organismos públicos.
En julio de 2018, diputados de la LIX Legislatura aprobaron una reforma, impulsada por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, a la Ley de Seguridad Social del Estado de México, pero en noviembre de ese mismo año, la LX Legislatura, integrada mayoritariamente por diputados de Morena y sus aliados del PT y PES, la abrogaron.
Desde entonces –ya pasaron dos años- el ISSEMyM funciona con la Ley de Seguridad Social aprobada en 2012 y los legisladores analizan con mucho cuidado la elaboración de una nueva ley que le dé viabilidad financiera al instituto y que le permita continuar ofreciendo sus servicios, sobre todo los de salud, a los más de un millón 300 mil derechohabientes; además de continuar pagando puntualmente a sus casi 70 mil pensionados y pensionistas.
Pero mientras eso sucede en el Estado de México, se estima que, para 2021, 75 mil trabajadores, que forman parte de la primera generación del régimen de jubilaciones de 1997, alcanzarán los 65 años de edad, en el país. Sin embargo, prácticamente todos ellos se verán obligados a trabajar más tiempo, ya que, solo 1 por ciento (750 personas) cumplirá con de cotización en su cuenta de retiro, lo que apenas le servirá para tener una pensión de 30 por ciento de su sueldo actual.
Quienes aún no cumplen con las semanas de cotización, pero ya tienen la edad necesaria para el retiro, contarán con dos opciones: retirar el saldo acumulado en su cuenta individual y descontar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente, o bien, laborar durante más años, hasta cumplir con el tiempo mínimo de cotización establecido por la ley.
Por esa situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa una reforma al régimen de pensiones que busca reducir de las mil 250 semanas de cotización que pide el IMSS actualmente, a sólo 750 semanas. Eso significa que el trabajador podrá recibir una pensión a partir de los 15 años de haber cotizado y no hasta los 24 años.
Lo importante es que el trabajador guarde sus ahorros en una Afore y, llegado el momento, ese dinero se convierta en pensión. La Ley establece que si esos fondos no son suficientes para una pensión mínima, el gobierno tendrá que completar la diferencia.
La propuesta planea aumentar las aportaciones, siendo la patronal, la que absorbe el aumento al pasar de 5.1 a 13.97 por ciento. También pretende incorporar a más trabajadores, para pasar de 34 a 82 por ciento. La reforma ayudará a que más gente pueda pensionarse.
La iniciativa busca fortalecer el sistema como está ahora, que se incremente el monto de ahorro y que las Afores sigan compitiendo para ofrecer los mejores rendimientos.
El actual régimen, del año 1997, ha sido cuestionado por el bajo rendimiento que da a los empleados que aportan, mientras que especialistas han advertido que es una especie de bomba de tiempo por el creciente aporte del Estado al sistema, poniendo en riesgo las finanzas públicas.
La propuesta, que debe ser aprobada por el Congreso, busca que la contraprestación que reciba el empleado se acerque “muchísimo” al último salario que recibió y fija un incremento en lo que deben aportar las empresas, dijo el secretario de Hacienda.
Estas entidades, también conocidas como Afores en México, administraban ahorros por unos 4.3 billones de pesos (192 mil 800 millones de dólares) al cierre de junio, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
El problema a futuro es que no habrá recursos suficientes en el gobierno para mantener esa base de pensionados y pensionistas, porque cada año crece más. Veremos cómo nos va, pues el riesgo es muy alto.
Seguramente los legisladores mexiquenses esperan que el Congreso federal apruebe esta reforma para hacer lo propio, eso quiere decir que la Ley de Seguridad Social del Estado de México es un tema que no se atenderá inmediatamente.
Para que nos demos una idea del tamaño del problema, en el presente año, el presupuesto del ISSEMyM para el pago de pensiones es de 10 mil 41 millones de pesos y para 2021 requerirá 15 mil 287 millones para atender a los más de cuatro mil jubilados que están en lista de espera para pensionarse, según cifras presentadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura.
El ISSEMyM ha sido saqueado y ningún gobernador movió un dedo para evitar que los presidentes municipales, a pesar que descontaban a los trabajadores las cuotas, no pagaban a la institución. El fondo de pensiones fue saqueado y utilizado con otros fines.
Muy fino deberán hilar los poderes Ejecutivo y Legislativo para elaborar una ley que deje contentos a todos los involucrados, algo que se ve muy difícil en este momento. Lo que sí, es que el OSFEM y el Sistema Estatal Anticorrupción deben investigar de fondo qué fue lo que realmente pasó y a dónde fueron a parar los millonarios recursos.
