Desde hace ya varias décadas, los niños, hoy denominados las niñas, niños y adolescentes, son un grupo valioso en el mundo. Todos los sectores están preocupados por su bienestar y atención debido a que estas personitas son los adultos del mañana; la atención a los mismos no se centra únicamente en la salud, sino en todos los aspectos de su vida, la educación, la escolaridad, el esparcimiento, la espiritualidad, la naturaleza, entre otros, esto con la finalidad de que todos y cada uno de ellos tengan una niñez feliz, un crecimiento en plenitud y una adultez en madurez.
Por lo anterior, en la actualidad se cuenta con tratados, leyes y reglamentos internacionales, nacionales y estatales, tanto en materia de derechos humanos como de protección a la niñez. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a la normatividad internacional, prevé en su artículo 4° que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Es así como el 4 de diciembre de 2014 se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Ley está construida con enfoque garantista, considerando a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en este rubro.
Bajo este marco jurídico la ley estatal toma en cuenta el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho a contar con una identidad, derecho a vivir en familia, a la igualdad y a no ser discriminado, derecho al vivir en un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescente con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, entre otros.
Así mismo puntualiza las obligaciones de quien ejerce la patria potestad, tutela o guarda y custodia y/o guarda y cuidado de niñas, niños y adolescentes.
Se cuenta con el Sistema Nacional de Protección Integral, conformado por el Poder Ejecutivo Federal, representantes de las entidades federativas, organismos públicos y representantes de la sociedad civil.
Así como con los sistemas estatales y municipales con la finalidad de fortalecer las acciones y dar cabal cumplimiento respecto a la protección de los menores. También es cierto que a la fecha siguen existiendo los centros de asistencia social donde el número de albergados señala que no se está cumpliendo con el derecho a vivir en familia y a gozar de una vida libre de violencia.
Y porque no decirlo… la obligación de cuidarnos es de todos.
¡Los abrazo de corazón!
