No deja de ser un contrasentido que quienes apostaron por el desmantelamiento de las instituciones públicas ahora, en medio de una pandemia, invoquen no sólo su protección, sino que deslicen la sugerencia, más mañosa que velada, de que se haga todo lo necesario para hacer responsable al comportamiento irresponsable.
Lo anterior quiere decir que el gobierno debe abandonar su papel de “papá alcahuete” y ejercer, cuando menos, el derecho de pernada para obligar al confinamiento y a otras medidas, permaneciendo además, a la expectativa con amenazador garrote en caso de que la desobediencia del “pueblo sabio y bueno” se desborde y se abra paso a posadas clandestinas y a toda esa pachanga decembrina que, no en balde, fue bautizada como “maratón Guadalupe-Reyes”.
Esto, mientras el Poder Legislativo aprueba una “ley antichancla” que, al menos en el “espíritu”, busca poner fin a ancestrales métodos pedagógicos de enseñanza del mentor autoritario (“la letra con sangre entra”), así como de sicología correctiva y de formación de “valores” sustentada en el terapéutico “más vale una nalgada a tiempo que un delincuente en la cárcel”.
La comedida pero fúnebre advertencia de “encierrro o entierro”, nuevamente publicitada por las autoridades en forma más que cautelosa en este fin de año, fue al principio y es actualmente como un recordatorio familiar de esos en los que el que quiere va, y el que no devuelve la cortesía con otra amonestación todavía más florida.
Esa es más o menos la justificación para apelar a algo más que “notificaciones graves” por parte de las autoridades, respaldada por el hecho de que gobiernos de otras naciones lo han llevado a cabo.
Pero ¿en serio es necesario exigir la aplicación del garrote para intentar remediar la situación?
Convengamos en que la autoridad, específicamente el gobierno federal, ha mostrado fallas para enfrentar la pandemia pero hasta ahora, como el legendario Ulises del vate Homero, se ha atado al poste y no se ha dejado llevar por el canto de las sirenas, seres chapuceros que al tiempo que piden la no intervención del gobierno lo reclaman (carne para las hienas, nada abonaría mejor a la narrativa de un gobierno autoritario, enemigo de las libertades individuales y la democracia, simpatizante de dictadores y descerebrados totalitarios, que aplicar el respectivo tolete).
“Hacen falta estímulos fiscales para evitar una caída mayor”, se le exigió primero al gobierno, y por fortuna no cayó en el garlito porque ya se vio lo que sucedió en otros países donde se ejecutaron las clásicas recetas contracíclicas neoliberales con miles de millones de dólares de verdadero despilfarro: ni se controló la pandemia ni se evitó el derrumbe de las economías (Estados Unidos, el peor ejemplo).
Además, las insinuaciones, más abiertas que veladas, de hacer de “pilmama autoritaria” se han sucedido, pero tampoco el “toque de queda”, con restricciones agresivas que llevaron incluso al cierre de fronteras, impidió trágicos resultados en países que lo aplicaron desde el inicio de la emergencia sanitaria, a principios de año, y que recientemente han registrado rebrotes, sobre todo en Europa (Italia, España y Francia, por ejemplo).
No obstante, el “homo sacer” del filósofo Giorgio Agamben emerge entre desesperado y embaucador para demandar la mutilación de su individualidad y de sus derechos y, más grave, abdicando de su propia responsabilidad (finalmente es un sujeto dominado, sin soberanía, auto-excluido y auto-flagelado, dispuesto a la tragedia más idiota en un estado “confinado” con el peor paternalismo).
Por donde se le quiera ver, la nueva idea en torno de un “Papá gobierno” en calidad de “tutor sobreprotector”, tanto en el ámbito económico como en el social, no es una buena idea. (Lo grave de pedirle al diablo no es que se aparezca, sino que siempre pasa factura).
