La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ordenar al Congreso de la Unión que regule –antes del 30 de abril de 2018– el uso del dinero público, destinado a la publicidad oficial, será un parteaguas en la forma como se hace la llamada “Comunicación Social” en este país y reclamará nuevos procedimientos y prácticas profesionales en el sector.
Desde hace algunos años he insistido en la necesidad de que la Comunicación, que se realiza desde los entes gubernamentales o institucionales, sea considerada una política pública, en virtud de que la operación de esas áreas significa tomar decisiones desde el régimen político, para establecer vínculos con los sectores de la sociedad, a través de los medios de información, los cuales desempeñan un papel fundamental en la conformación de la opinión pública.
Debemos reconocer que existen problemas en las relaciones entre gobierno y medios de información, por la asignación de las partidas presupuestales para las pautas “publicitarias” o propagandísticas que se llevan a cabo.
Frecuentemente los diversos medios de información argumentan inequidad en las asignaciones y muy pocos aplican –realmente– sus tarifas, por lo que en muchos casos se genera un vacío en la toma de decisiones, que corresponde más a criterios personales que a criterios institucionales, como legalidad, circulación, rating o penetración, claridad en el perfil de su audiencia real e influencia.
En la reforma de 2007 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente del artículo 134, se definió: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
En la iniciativa con proyecto de decreto que aprobó hace 10 años el Senado de la República, los legisladores expresaron: “Quienes suscribimos la presente iniciativa nos hemos comprometido a diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y partidos¸ que atienda las dos caras del problema: en una está el derecho privado, en la otra el interés público. En México es urgente armonizar un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral”.
La sentencia de los ministros –derivada de un amparo de la Organización No Gubernamental Artículo 19- establece que la omisión legislativa para reglamentar el artículo 134 constitucional viola la libertad de expresión, de prensa e información, porque esos derechos requieren medios libres que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones y establece como necesario que los medios cuenten con ingresos económicos suficientes.
En las condiciones actuales: un escenario económico adverso, un clima de creciente violencia –donde parece que lo único organizado es el crimen-, y con mayor competencia política –tanto al interior de cada partido, como entre ellos–, el reto no se vislumbra sencillo, y es ahí donde la comunicación desempeña un papel estratégico.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia significará una nueva etapa. En otra entrega platicaremos con respecto al perfil del comunicólogo que reclamarán esas condiciones.
PERCEPCIÓN
Mientras una gran parte de la clase política está ocupada en saber quiénes serán los candidatos para 2018, los embarazos de adolescentes se incrementan en nuestro país, por dos factores: falta de oportunidades, principalmente educativas, y la necesidad de las niñas y adolescentes de sentirse valoradas y queridas. Es urgente fortalecer políticas públicas y privadas en ese sector, y –sobre todo- actuar desde las familias.
