Larga batalla le espera al gobierno de la auto denominada “Cuarta Transformación” para, medianamente, intentar sacar adelante la agenda que, en teoría, va en contra de la doctrina que imperó durante las últimas cuatro décadas en nuestro país y que, además de generar que seis de cada diez pesos de la riqueza nacional vayan a parar a manos del “1 por ciento” de la población, según informó Arturo Herrera, secretario de Hacienda, ninguneó al gobierno en materia económica y en otras decisiones que colocaron al país en condiciones de vulnerabilidad (como la dependencia energética del exterior, por ejemplo).
Lo menos que van a pelear los favorecidos de ese evangelio es que prevalezca ese “estado de derecho” que se fue confeccionando de manera gradual, con el concurso de actores políticos, supuestos adversarios ideológicos y en las urnas, pero en los hechos, impulsando juntos intereses comunes.
La mal llamada y hasta sobornada “Reforma Energética” (aprobada incluso por algunos flamantes morenistas), clave para cerrar el ciclo de venta de garage de los bienes nacionales del país, es la mejor prueba del teatro político para encubrir las más tenebrosas intenciones.
Fueron casi 40 años de estar desmantelando el aparato estatal, de crear leyes y más leyes, hasta generar voluminosos expedientes para beneficiar a las familias de siempre y sus herederos en este país, de modo que no va a ser fácil ni rápido modificar en forma sustancial todo este leguleyo andamiaje.
Lo estamos viendo, pese a que en cada iniciativa que va en contra del “estado de derecho” edificado en esta etapa conocida como “neoliberal”, no deja de salir pus, mucha mugre:
Abusivas comisiones bancarias y de las Afores, el uso de éstas para negocios particulares (Carlos Slim y el cancelado NAIM en Texcoco); el uso de fideicomisos públicos para fomentar la investigación utilizados por empresas privadas, vía Conacyt (Bimbo, IBM, Intel, Kimberly-Clark, Whirpoll, Volkswagen, Monsanto, Bayer, Mabe, Femsa, Logística Honeywell, recibieron más de 41 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto) y, lo último, subsidios para favorecer negocios privados en la industria eléctrica, específicamente el saqueo sistemático de los recursos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estimado hasta ahora en 471 mil 200 millones de pesos.
Ya ni hablar de la “devolución de impuestos” que realizaba el Presidente en turno en forma discrecional para beneficiar a las grandes fortunas, sumado a la evasión y elusión fiscal, no obstante tasas impositivas en calidad de limosnas al erario público.
Lo que se revela en torno de la disputa de la industria eléctrica es vergonzante, pero se necesita ser muy caradura (beneficiario, o neoliberal a secas) para aceptar que un hogar mexicano pague 2.3 pesos por cada kilowatt hora, mientras Bimbo pague un peso; WalMart, 1.1 pesos y la firma Oxxo de las tiendas de conveniencia, 1.2 pesos.
El encubridor argumento de “estos atracos” (Manuel Bartlett, dixit) fue que son necesarios para mantener el empleo, ofrecer mejores precios y una larga engañifa de bla, bla, bla. Al final ni una ni otra cosa.
Quizás los jueces que están amparando a empresas contra la Ley Eléctrica del gobierno federal no tengan más interés que defender el actual “estado de derecho”, (muy loable, dentro de todo el cochinero que se esta viendo que genera el marco legal) pero es necesario asumir que las leyes, en estos y otros muchos casos, no son evangelio, es decir, pueden y deben modificarse.
Eso es justamente lo que está anticipando la autoridad actual y no tiene alternativa, si es que realmente pretende cerrar esa ignominiosa brecha de desigualdad y concentración de la riqueza, y plantar cara al abuso sistemático, enmascarado en “estados de derecho” lesivos y encubridores de estafas.
