“México nos salvó la vida” fue la expresión de las mujeres afganas que llegaron el miércoles pasado a este país bajo el “status legal que mejor les convenga”, según declaraciones de las autoridades mexicanas, con el fin de que disfruten de un espacio seguro para decidir su futuro; en contraparte, la incidencia delictiva en nuestro país continúa reportando cifras crecientes de atentados en contra de las mujeres con un promedio de 300 delitos diarios en donde las “presuntas víctimas” son mujeres, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte al 31 de julio de 2021.
Las cinco jóvenes afganas que llegaron a México junto con un hombre, forman parte de un reconocido equipo de robótica de aquel país, quienes inventaron un ventilador para el tratamiento de casos de COVID-19, desarrollado con la orientación de expertos de universidades estadounidenses y según contaron en la conferencia de prensa que ofrecieron al arribar al aeropuerto internacional, tuvieron que pasar por seis países antes de llegar a México, por lo que agradecieron al gobierno mexicano el gesto solidario para que su historia “no acabará de manera triste por los talibanes”.
Es un orgullo saber que México puede ser un sitio seguro para personas que huyeron de su país ante la llegada de un régimen que representa las prácticas más retrógradas en contra de los derechos humanos de las personas pero más en contra de las mujeres, quienes en los últimos años habían conquistado algunas libertades como el derecho a la educación y al trabajo fuera de casa, en medio de una guerra que, después de dos décadas, es ganada abiertamente por una fuerza ultraconservadora y fundamentalista, como es el Talibán que atemoriza no sólo a mujeres afganas, sino hombres y mujeres de varias partes del mundo.
Frente al gesto humanitario del gobierno mexicano, que protege a un grupo de mujeres que defienden un sueño: un mundo con igualdad de género, según afirmó el canciller mexicano, no se puede dejar de recordar la asignatura pendiente con las 63 mil mujeres víctimas de diversos delitos entre los que se encuentran atentados contra la vida, la integridad corporal, la libertad personal, secuestro, tráfico de menores, lesiones y feminicidios, como parte del millón 180,328 presuntos delitos registrados durante el periodo de enero a julio de 2021 (SESNSP, 2021), lo que hace un promedio de 300 delitos diarios en contra de las mujeres.
Por entidad federativa, la menor cifra de incidencia delictiva en general, en ese periodo (enero-julio), se registró en Campeche con 1,228 casos, mientras en el Estado de México se registró la mayor cifra de 223,309. Por género, se identificaron 199 mil 517 víctimas de las cuales el 56.5% fueron hombres y el 31.6% fueron mujeres (63 mil), mientras que en el 11.9% no hubo identificación de género.
La violencia contra las mujeres y las niñas por razón de género es una de las violaciones a los derechos humanos más recurrente, reiterada y extendida en todo el mundo. Según el estudio Violencia Feminicida en México: Aproximaciones y Tendencias, durante 2019 se registraron 3,833 casos de violencia feminicida que hicieron un promedio de 10.5 agresiones diarias contra las mujeres; y sólo en el 25.3% de los casos de asesinatos se abrió una carpeta de investigación considerando razones de género como feminicidios.
La Plataforma México Rumbo a la Igualdad, en su estudio de 2020, refirió que si bien las 32 entidades federativas cuentan con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y también cuentan con un reglamento, a excepción de Chiapas, sólo el 59% de las leyes prevén una asignación de recursos para hacer frente a la alerta de violencia de género; sólo el 9% contempla la asignación de recursos para la instalación de refugios especializados para mujeres sobrevivientes de violencia; sólo el 44% incluye competencias específicas para las legislaturas y sólo el 56% para los poderes judiciales, en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Este estudio también recuerda que los códigos penales de las entidades federativas aún contemplan figuras discriminatorias que desprotegen a las mujeres y les impiden el acceso a la justicia; por ejemplo, sólo los códigos penales de Jalisco y Zacatecas tienen homologada la penalidad para el delito de estupro con el de violación agravada; en el 34% de los códigos penales se tipifica al delito de hostigamiento sexual conforme a la LGAMVLV; y sólo en el 6% de los códigos, la penalidad para el delito de incesto se encuentra homologada al delito de violación agravada.
Como se observa, la prevención, combate y erradicación de la violencia en contra de las mujeres en razón de género tiene todavía un largo camino por recorrer, de forma y de facto, para construir una sociedad mexicana libre de violencia y con igualdad de género. Por ello, frente al aplaudido gesto solidario con las jóvenes afganas ofreciéndoles un “lugar seguro”, es oportuno recordar que México necesita ser un lugar seguro para todas y todos.
@IrmaCruzE
