El 31 de diciembre termina el periodo constitucional de las actuales administraciones municipales, muchas de ellas verdaderamente para el olvido, no sólo por sus magros resultados, sino por la mala administración de los recursos que recibieron.
Poco se sabrá de la verdad acerca del manejo de los dineros públicos municipales, porque en el país, y particularmente en el Estado de México, no está desarrollado la cultura de rendición de cuentas y todo se reduce en realidad a una simulación que en nada ayuda a conocer los entresijos del poder.
Algunos ayuntamientos terminarán con números rojos y con la sospecha popular del mal manejo de los recursos, aunque sea injusto generalizar.
El encierro forzado por la pandemia, que inició en marzo del año pasado, fue un duro golpe para la recaudación de los municipios. Quizá allí empezó el problema, pues no previeron que todo 2020 estaríamos así y que 2021 también. Mantuvieron a la misma plantilla, sostuvieron los mismos gastos y, para colmo, muchos de los alcaldes salientes buscaron la reelección y gastaron y comprometieron dinero que no tenían en las arcas.
Llegamos así al final de 2021, un año que quedará marcado en la historia del Estado de México, como aquel en donde miles de trabajadores adscritos a las nóminas terminaron sin salario, sin aguinaldo y sin prestaciones.
Ya la presidenta municipal electa de Naucalpan, Angélica Moya Marín, por ejemplo, anunció que darán de baja a 2 mil trabajadores de confianza para poder enfrentar los gastos que representa una nómina súper inflada. Con más de 10 mil trabajadores, 60 por ciento, o más, son supernumerarios o sea de confianza.
Aunque no les guste a muchos y signifique grandes sacrificios para los municipios, deben regresar a las nóminas austeras, con sólo el mínimo de personal. Ya basta de contratar gente sólo por hacerle el favor al amigo, al pariente o porque representan compromisos de campaña.
Menciono el caso de Naucalpan, pero igual andan en Toluca, Atizapán, Tlalnepantla, Cuautitlán y otros de los llamados municipios “grandes”, la crisis financiera y económica no respetó. Curiosamente en los municipios más pequeños tuvieron mejor manejo financiero, quizá porque su economía no le permitía pensar en cosas grandes.
También influyó el hecho de que el gobierno federal decidió romper con una inercia de años, cuando el mayor proveedor de recursos para los ayuntamientos era, precisamente, la Federación.
Más interesado en atender sus prioridades y en resolver sus necesidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió minimizar el envío de recursos para los municipios e inclusive desapareció algunos fondos de apoyo como el Fortaseg.
No corrieron con diferente suerte en el Estado de México, donde el gobernador Alfredo del Mazo con mucha anticipación determinó que este año no habría rescate municipal. Los ayuntamientos tendrían que vérselas como mejor pudieran cada uno por su cuenta y riesgo.
Así llegamos al diciembre de 2021 con gobiernos municipales ahorcados financieramente y sin posibilidades de encontrar la salida, pues el Congreso local también les cerró la puerta al impedirles el refinanciamiento de sus deudas y la venta de propiedades.
Esperemos que los alcaldes que reciben la administración en 2022 sean más juiciosos a la hora de manejar los recursos públicos. Enfrentarán severos problemas de seguridad y de servicios públicos. De entrada, tienen 100 días para demostrar de qué están hechos.
