Una de las preocupaciones más importantes para la sociedad mexicana se enfoca en la inseguridad; actualmente este flagelo afecta a todo el territorio nacional. Ante la falta de resultados, los gobiernos municipal, estatal y federal se echan la bolita unos a otros; difícilmente aceptan la responsabilidad que les corresponde; es más fácil culpar a gobiernos anteriores.
Así, han transcurrido tres años del gobierno federal del presidente Andrés López Obrador; en ningún momento se le ha escuchado aceptar culpa alguna respecto del aumento de la inseguridad y el dominio cada vez más amplio que ejercen los grupos de la delincuencia organizada en gran parte del territorio mexicano.
A pesar de haber sido señalado por autoridades estaunidenses, no existe la esperanza de la menor autocrítica, menos aún del cambio de estrategia, si es que en algún momento hubo alguna. A pesar de las condiciones actuales, en las que se vuelve evidente que las fuerzas del orden han sido superadas, siempre existe a quien culpar; o la forma de entretener a los medios y comunidad en general para evitar responder al crecimiento del problema.
Nada puede ser solucionado sin antes aceptar las pruebas de su existencia (los otros datos). Lo hemos visto con otros temas, como el desabasto de medicamentos, o como lo fue el de la gasolina, entre otros, si se niega que exista, difícilmente se le va a encontrar solución.
Sin embargo, todo esto afecta a los más vulnerables, a los que se supone destinaría el gobierno su atención, “Por el bien de México, primero los pobres” repetía una y otra vez en campaña el originario de Macuspana, y ahora, son los más afectados, y en el tema de la inseguridad es en el que más se refleja.
En términos generales, la sociedad no cuenta con mayor protección de su persona o de sus bienes que el que recibe de las corporaciones dedicadas a prevenir y combatir el delito. Por lo que está atenida a esas instituciones que hoy más que nunca enfrentan el desprestigio de corrupción. Además, a diferencia de las personas comunes que la sufren, las otras, las que cuentan con poder político o económico, tienen la capacidad de contratar seguridad privada o de obtener la que ofrece el Estado por tratarse de importantes personalidades, por lo que la diferencia es abismal.
Por otro lado, no es un secreto el hecho de que los municipios no pueden atender de forma correcta el problema, pero por tratarse de la autoridad que debe ser más cercana a los gobernados, o al menos eso debería ser, en consecuencia es a la que éstos acuden en busca de protección, sin detenerse a reflexionar que estas autoridades dependen de los apoyos que reciben, estatal o federal.
Actualmente se han generado cambios en administraciones municipales por quienes fueron electos en la jornada electoral del año próximo pasado, como son los casos de Metepec y Toluca, entre otros, los flamantes nuevos presidentes municipales heredaron de sus municipios diversos problemas, varios de los cuales, de urgente atención, en especial sí, el de la seguridad.
Los primeros pasos son los más importantes para preparar la estrategia a seguir en el combate a la inseguridad, sin dejar de revisar desde luego con minuciosidad, el desempeño de la anterior administración, ya que en el caso de encontrar anomalías tienen que denunciarlas de inmediato.
Es fundamental la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que se encarga precisamente de vigilar el uso de los recursos públicos.
No obstante, existen “negociaciones” entre representantes de los partidos políticos en las que se calculan los alcances de una auditoría que pueda ser profunda o no, para conocer la afectación que hayan sufrido los recursos públicos, entre el hacer, aparentar hacer o de plano ignorar. Toluca es uno de los municipios que no se auditó, a pesar de ser uno de los que tenía un desastre en las finanzas, las evidencias son elocuentes.
En política es común que en esas altas esferas se llegue a acuerdos para no afectar los intereses de uno o de otro instituto político, quedando en el limbo lo que debería exigirse por parte de los representantes del pueblo, difícil que lo hagan cuando existe una sociedad despreocupada por ese ejercicio.
El interés social se reduce únicamente, en la mayoría de los casos, al día de la jornada electoral, cuando deben asistir a las urnas a depositar su voto. Es por lo que al no estar completamente y a conciencia, enterados de lo que debería saber sobre la vida y obra de los candidatos, únicamente se deja llevar por el color, o por el sentimiento, pocas veces por la razón.
Podemos decir que gran parte de la culpa de esas faltas que presentan los supuestos representantes del pueblo tiene que ver con los propios electores, por eso, se actualiza constantemente la frase de Joseph–Marie, conde de Maistre (1753-1821) “cada Nación tiene el gobierno que se merece”, no es por casualidad, no hay conciencia, no hay un estricto análisis, no se exigen cuentas y se les permite a aquellos hacer de las suyas en el momento que se les apetece.
La inseguridad en los municipios de Metepec y Toluca, se puede decir que es un mal heredado de las anteriores autoridades, que dejaron más pena que gloria, por un lado; Gabriela Gamboa quien tristemente se hizo famosa gracias a sus declaraciones que le dieron la vuelta a todo el país, y por el otro; Juan Rodolfo Sánchez Gómez quien prometió ver reflejado en poco tiempo de su gobierno una mejoría en seguridad. Es la fecha en la que es todo lo contrario, Toluca y Metepec se acercan a niveles de inseguridad nunca antes vistos.
Los compromisos de los nuevos presidentes municipales son ambiciosos, por Metepec Fernando Flores, que impulsa una campaña presentando a un Metepec “chingón”, y por el otro Raymundo Martínez que su carta de presentación fue la de correr a los presuntos aviadores del trienio anterior, ambos, fijan sus miras rumbo al 2023 con el cambio de gobernador, pero antes tienen un escollo difícil de librar.
Se acercan los primeros 100 días de gobierno municipal para ambos presidentes municipales, puede adelantarse la idea de que lo que más les apura es el tema de la seguridad pública, el pueblo no puede y ni debe esperar otra cosa que no sean buenos resultados en esa materia, de no ser así, los reclamos irán en aumento.
Antes de pensar en la posibilidad de alcanzar la titularidad del gobierno mexiquense, es imprescindible y sin demora, que los ciudadanos de sus respectivas regiones puedan empezar a sentir el cambio, fue el motivo por lo que votaron por ambos, no fue por alguna otra cualidad, esperemos que el ofrecimiento de los dos se vea no como una más de las promesas de campaña, sino que sea el inicio de un mejor ejercicio de la administración municipal, al menos, mejor de lo que lo hicieron sus antecesores.
