Por fin ha bajado el tema de ¿Cuánto gana Loret? que, según la versión del presidente, era el principal problema del país y lo mantuvo vigente por varios días, desde las mañaneras, enfocando su mensaje en contra de periodistas y medios de comunicación. Ha sido sustituido por dos terribles noticias: la invasión de Rusia a Ucrania y el asesinato de 17 personas en San José de Gracia, Michoacán. Este segundo acontecimiento ha incrementado el asombro por la violencia en que está sumido el país y nos lleva, obligadamente, a reflexionar sobre el papel de los militares en seguridad pública.
Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia, recuerda que la presencia de militares en seguridad pública no es reciente. Ha avanzado paulatinamente y ha institucionalizado su presencia desde hace tres sexenios. Ha sido un proceso autoinfringido, una decisión política. Especialmente con el actual gobierno federal, los militares aumentan su presencia en tareas que no se circunscriben a la seguridad pública. En los últimos tres años, el poder financiero y la presencia en tareas que antes eran responsabilidad de civiles se ha incrementado de manera vertiginosa. Sustituyen a los cuerpos de policía, vigilan ductos intentando disminuir el robo de combustible, reparten fertilizantes, apoyan en tareas de migración. También se han convertido en constructores que lo mismo edifican un aeropuerto que un tren o sucursales bancarias; construyen hospitales y hasta intervienen en programas sociales o en la distribución de vacunas.
La presencia de los militares en tantas labores, que deberían estar en manos de civiles, es un riesgo para la democracia. Cuando las tareas de policía adquieren lógicas militares se pone en riesgo el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, a los gobernantes les ha sido más fácil involucrar a los soldados en estas tareas que preparar fuerzas civiles policiacas profesionales y bien equipadas. Así, el discurso se ha tornado de guerra, de combatir a los delincuentes como enemigos, la planeación como fuerza armada en una dinámica de guerra, de conflicto armado.
Lejos quedó la propuesta del presidente de regresar al cuartel a los militares. El ejército sigue en las calles, pero la situación no ha cambiado: cada mes hay más muertos, la eficiencia del ejército no se ha visto. Por el contrario, se ha desgastado más su imagen y los civiles se han convertido en espectadores y víctimas de una violencia que horroriza.
Para Ignacio Cano, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la militarización ha consistido en la vinculación orgánica de los militares a las policías, empezando por la designación de oficiales militares en cuestiones de seguridad, hasta una organización policiaca que corresponde a esta visión y, desde luego, la obediencia como valor supremo. A partir de estas circunstancias se han incrementado los abusos. Los criminales, por su parte, cuentan con armamento más letal y destructivo que antes.
Los gobiernos justifican esta acción a veces por la falta de policías, otras por la percepción de que el crimen rebasa la competencia policial y, además, por la poca confianza que los policías generan entre ciudadanas/os. La presencia de los militares en diversas tareas tiende a representar el fracaso de la lucha civil contra la delincuencia. El problema es que el ejército tampoco ha sabido disminuir la violencia. El desgaste a que se han sometido las fuerzas armadas, es notorio porque, anteriormente, cuando los militares participaban en tareas de emergencia se les aplaudía, pero ahora que su presencia es permanente provoca incomodidad, incluso miedo.
Jorge Javier Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantea la pregunta: ¿en qué lugar estaba el ejército? Su respuesta es enfática. Nunca ha salido de la política, siempre jugaron un papel relevante en la política. Ha permanecido presente y ahora le regresan tareas que no tenía desde la época de la posrevolución. El papel que el PRI les dejó jugar, estuvo relacionado con la represión de los movimientos sociales: contra ferrocarrileros en 57, contra maestros en 56 o contra estudiantes en los 60.
Los militares estaban ahí presentes revestidos de combate al narcotráfico, controlaban los mercados clandestinos. El pacto que los mantenía era con el PRI no con el Estado mexicano. Mientras se discutía el diseño de IFE o de la Comisión de Derechos Humanos, los militares seguían sentados en el gabinete tomando decisiones políticas, y ahora incluso administrativas. Ante la falta de una carrera eficaz de servicio público y profesional ha resultado más fácil asignarle tareas a quienes están obligados a obedecer independiente de la honestidad de sus mandos. Estamos así, en una regresión ante el poder militar en perjuicio de poder civil. Vivimos una situación que requiere un profundo análisis, cómo han jugado los militares y cuál será su futuro. Teníamos una imagen de los militares construida artificialmente pero sus mandos seguían cayendo en diversos momentos en corrupción y manteniendo privilegios y mercados clandestinos.
Son preocupantes las decisiones políticas que toman los militares. En el lenguaje de guerra, ellos sólo retroceden por la derrota. No esperemos que den un paso atrás en el futuro inmediato. Recuperar las instancias civiles será un verdadero reto. En una de esas los militares tomarán decisiones políticas rumbo a la sucesión de gobernadores, senadores, diputados y hasta la misma presidencia. Sólo faltaría que salieran a las calles disfrazados de civiles para apoyar por ejemplo el proceso revocatorio y arengaran a la población a apoyar a quien, al parecer, consideran su líder político. ¿Y las/os ciudadanas/os? En un ambiente político distorsionado por la amplia presencia militar, intentando mantener privilegios que ahora obtienen del gobierno, podrían estar dispuestas/os a servir de policías informantes y entonces la victoria militar por mantener el poder sería contundente.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
