Acuciado por problemas derivados del entorno internacional, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han generado un incremento en los niveles de inflación en varias nacionales, fenómeno del cual México no escapa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció un plan antiinflación que será presentado el miércoles 4 de mayo.
Especialistas advierten que este esquema es muy parecido a los pactos y controles de precios, impulsados en su momento por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari; sin embargo, será muy diferente, porque AMLO no enfrenta los problemas estructurales de sus antecesores.
De acuerdo con el estudio “Poder de Mercado y bienestar social”, de la Comisión Federal de Competencia Económica, la concentración en los mercados de la tortilla, pan, pollo, huevo, carne de res, lácteos, frutas, verduras, transporte de pasajeros y materiales de construcción, ha provocado que los hogares mexicanos paguen, en promedio, mil 500 pesos de sobreprecios.
Esto equivale a pagar un impuesto por falta de competencia o por menor competencia, lo que tiene un efecto negativo mayor en los hogares de más bajos ingresos, pues para ellos representa casi 31 por ciento de su gasto mensual, mientras que para los de mayores ingresos ese gasto se reduce a poco menos de 6 por ciento.
Los sobreprecios derivados del ejercicio del poder mercado no solo perjudican a los hogares, sino que dañan más a las familias más pobres, lo que contribuye a acentuar la desigualdad del país, señala el estudio.
Es evidente que al Presidente le interesa enviar el mensaje político de que a su gobierno sí le preocupa el efecto pernicioso de la inflación sobre la economía de las clases menos favorecidas.
Las medidas que propondrá el miércoles tienen que ver, por un lado, con la importación de productos, mediante la eliminación de aranceles y la negociación directa con las empresas para establecer precios de garantía o precios máximos, con el objeto de lograr su reducción en 24 productos de la canasta básica.
Y aquí está lo interesante, porque desde el primer año de su gobierno, Andrés Manuel aumentó significativamente el salario mínimo, como una garantía para que los trabajadores y sus familias recuperaran su poder adquisitivo.
El salario mínimo en estos tres años se dobleteó, pues pasó de 88.36 pesos en 2018 a 173.87 en 2022. Una diferencia enorme, sobre todo si tomamos en cuenta que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los aumentos fueron en promedio de 3.90 pesos
Un incremento impresionante que, sin embargo, no ha tenido repercusión en los bolsillos de los trabajadores y menos en la recuperación de su poder adquisitivo, porque la inflación ha terminado por comerse esos aumentos, además de que los contratos contractuales que se firman en las fuentes laborales no superan los 7 puntos porcentuales.
Es bueno que se haya eliminado la figura del outsourcing, pero los empresarios y los propios gobiernos de todos los niveles siguen utilizando ese esquema para contratar personal y liberarse del pago de prestaciones y otros gastos contractuales. No hay un control real.
Así llegamos al primero de mayo, “Día del Trabajo”, en medio de una incertidumbre, porque la inflación no cede y porque las perspectivas de los especialistas nos dicen que la crisis económica actual deriva de insumos estratégicos caros, pero, a cambio, mantiene un déficit relativamente controlado y un tipo de cambio estable, que reflejan cierta confianza de los inversionistas en el país.
