El Gobierno del Estado de México, se planteó desde 1990 la necesidad de elaborar una Coordinación General de Planificación Familiar cuyo objetivo fue disminuir la tasa de fecundidad que entonces era de 2.9 y bajarla al 2.0 por ciento. Y en tres años, lo logró.
Esta Coordinación se hizo considerando que el Artículo 4º. de la Constitución General de la República, establece como garantía individual, el decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de los hijos, generándose a cargo del Estado en sus tres niveles de Gobierno, la obligación de respetarlo y de crear las condiciones adecuadas para su ejercicio.
Es indudable que uno de los principales retos de la política de población en el último cuarto de siglo, ha sido impulsar la desaceleración del ritmo de crecimiento demográfico. Se puede decir, sin lugar a dudas, que los avances en este sentido son notables, sin embargo, la persistencia de importantes desigualdades y rezagos en algunas regiones del Estado, hacen necesario focalizar y reorientar algunas tareas de las políticas sociales y de población, con la finalidad de que sus objetivos primordiales puedan convertirse en una realidad para todas las personas.
En general, los programas de planificación familiar, a través de diversos mecanismos, no sólo han logrado disminuir la brecha entre el tamaño de familia ideal y la descendencia final, sino que también han influido en las preferencias reproductivas.
En el plano individual, uno de los factores que contribuye a la disminución de la fecundidad es el mejoramiento de la condición social de la mujer, y en particular, de su nivel educativo. La educación favorece una mayor autonomía e independencia de la mujer y contribuye a la difusión de actitudes, valores y expectativas de vida, que se asocian con una disminución de los tamaños ideales de familia; un componente de particular relevancia es la incorporación de perspectiva de género en todas las actividades de normatividad, educación, comunicación, prestación de servicios, investigación y evaluación en materia de salud reproductiva tendientes a asegurar relaciones equitativas entre los géneros y con igualdad de oportunidades, para contribuir a la emancipación y defensa de los derechos de las mujeres, particularmente los sexuales y reproductivos.
Uno de los retos que enfrenta nuestro Estado y en general nuestro país, lo constituye la difusión del concepto integral de salud reproductiva entre toda la población, para continuar con la tendencia observada en la disminución de la natalidad, fecundidad, y mortalidad materna e infantil, y disfrutar dentro del núcleo familiar del bienestar personal y social.
Durante las últimas tres décadas la población del Estado de México ha llevado a cabo una silenciosa revolución demográfica. En este periodo, el número promedio de hijos de las familias mexiquenses descendió significativamente respecto a los niveles observados en los primeros 60 años del siglo pasado. Esta transformación en las pautas reproductivas de las mujeres se vio acompañada -y en buena medida fue la consecuencia- de un aumento considerable en la adopción de prácticas de regulación de la fecundidad a través del uso de métodos anticonceptivos, especialmente de los métodos modernos.
Es indudable que uno de los principales retos de la política de población en el último cuarto de siglo, ha sido impulsar la desaceleración del ritmo de crecimiento demográfico. Se puede decir, sin lugar a dudas, que los avances en este sentido son notables; sin embargo, la persistencia de importantes desigualdades y rezagos en algunas regiones del Estado, hacen necesario focalizar y reorientar algunas tareas de las políticas sociales y de población, con la finalidad de que sus objetivos primordiales puedan convertirse en una realidad para todas las personas.
Son también múltiples las evidencias que sugieren que en el Estado de México las instancias del Sector Salud han ejercido una influencia determinante en el cambio de la fecundidad. Es innegable que la disponibilidad de información sobre métodos anticonceptivos, la institucionalización y expansión de los servicios de planificación familiar y la legitimación pública del principio de regulación de la fecundidad han desempeñado un papel decisivo en los cambios que han tenido lugar en nuestro estado en los últimos años.
Se considera que la salud materna e infantil mejora sustancialmente cuando la madre tiene por lo menos 18 años de edad. Los embarazos adolescentes y por tanto la maternidad adolescente se asocian con una peor salud tanto de la madre como de los hijos.
Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en embarazos de jóvenes de 15 a 19 años. Según el informe de Maternidad en la Niñez, del Fondo de Población de Naciones Unidas, Unfpa, en países de desarrollo los embarazos en adolescentes son más probables entre niñas de hogares de ingresos más bajos, con niveles de educación más bajos y que viven en zonas rurales. Por esto se observa que, entre las jóvenes de 16 a 20 años, existe una tasa de embarazos de 122 por cada mil y el grupo donde la fecundidad es mayor, es el comprendido entre los 24 y 30 años, donde una de cada 3 mujeres da a luz cada año. En los años posteriores disminuye.
La Constitución garantiza al hombre y a la mujer la libertad de tener hijos, en el número que ellos decidan, pero les impone la obligación de procrear con sentido de responsabilidad. Los hijos requieren educación, cuidados de toda índole, cariño, compañía; los padres están obligados a proporcionarles esas atenciones, a fin de formar seres humanos sanos, fuertes, equilibrados y felices. La tarea no es fácil. De aquí que la ley llame la atención sobre la responsabilidad que la pareja tiene cuando decida –y ese es el ámbito de su libertad- dar vida a un nuevo ser humano.
