Decía la eminente sapiencia de Jorge Carpizo, primer ombudsman de México lo siguiente: “El derecho es el coordinador de la acción humana”. Dicha sentencia nos anima a reflexionar acerca del desarrollo histórico de los derechos humanos en el mundo y particularmente en México. Hace 70 años era imposible imaginar un mundo en donde las mujeres tuvieran el derecho de votar y ser votadas, hoy es una realidad que está establecida en el tejido social. En cada momento crucial de la evolución social, nuevos escenarios propician nuevos derechos que necesariamente deben ser reconocidos y garantizados por el estado de derecho y la ciudadanía.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente toda forma de discriminación motivada por origen étnico, racial, de género, edad, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, y no únicamente porque menoscaba las libertades, sino porque atenta contra la condición más sencilla pero profunda de una persona: su dignidad humana.
Hace más de 400 años Aristóteles dijo que: “el único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Hoy en día, en los albores del Siglo XXI, todavía se debate el derecho primigenio de los ciudadanos a recibir un trato igualitario ante la ley, las instituciones y el Estado, todavía se pretende desconocer que una figura tiene un significado distinto a la par del desarrollo humano y que en cada momento histórico esa espiral del conocimiento denominado derecho debe proteger la esfera jurídica en todos sus escenarios.
Para quien suscribe esta columna, la dignidad, la lealtad, pero sobre todo la congruencia ha sido un valor que ha guiado mi trayectoria en el servicio público desde hace más de 30 años. Es preciso decir que cuando fui rector de mi máxima casa de estudios, así como cuando tuve el privilegio de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos, siempre me pronuncié en favor de respetar y reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, con la finalidad de prevenir y eliminar toda forma de discriminación en contra de estos sectores de la población. Utilizando la máxima tribuna universitaria de nuestra entidad, así como la pertinencia y resonancia de los derechos humanos promoví la igualdad de oportunidades y de trato salvaguardando la dignidad y su derecho irrestricto a la diferencia.
El hecho de discutirlo para analizarlo, de debatirlo para reflexionarlo no precisa un retroceso para la sociedad, por el contrario, es un signo de que una democracia avanza como lo han hecho 26 de las 32 entidades de nuestro país, así como los diversos posicionamientos jurídicos del más alto tribunal de justicia de nuestra nación, quien, en 2015, manifestó que la distinción hombre-mujer y el fin de la procreación resultan inconstitucionales.
Los derechos humanos no pueden florecer en un espacio asimétrico de posibilidades, donde parece que para unos existe una interpretación y que para otros es distinto. La construcción de una ciudadanía en desarrollo descansa en el principio de respetar para ser respetados, en la productividad artística, cultural, intelectual, científica, no en el cuestionamiento personal de cada uno, ni en el prejuicio peculiar de un hombre o una mujer. Una sociedad verdaderamente democrática se sostiene con las columnas del reconocimiento, tolerancia, salud, seguridad, integridad y dignidad. La discriminación soslaya, separa y desintegra.
Ya lo decía el papa Francisco, en una declaración histórica que realizó en octubre de 2020, apoyando las causas de estos grupos vulnerables al señalar lo siguiente: “tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia”. Convencido estoy del valor de la prudencia en el camino de la democracia y la libertad. Aprendamos de las diferencias y de lo dañino que tienen los prejuicios y la intolerancia, porque como afirmaba el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz: “las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas han inyectado el veneno del miedo… del miedo al cambio”.
