Parece que se vienen días de oscuridad para las mujeres de los Estados Unidos, tras la reciente decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia Roe V. Wade, con lo que puso fin al derecho constitucional al aborto.
La histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en ese país.
Con esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del Tribunal por cinco votos contra cuatro, se abre el camino para que la suspensión del embarazo pueda ser declarado ilegal en los estados de la Unión Americana que así lo decidan. Hasta el momento van 19.
El presidente Joe Biden criticó con dureza la decisión. Aseguró que se trata de un “trágico error de la Corte Suprema”, porque ahora se espera que aproximadamente la mitad de los estados de ese país introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones.
Para que nos demos una idea del tamaño de esta decisión, una investigación del Instituto Guttmacher, organización dedicada a promover los derechos reproductivos, sugiere que una de cada cuatro mujeres estadounidenses tienen un aborto antes de los 45 años, la mayoría de las cuales provienen de familias de bajos ingresos.
Alrededor de 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas de este derecho, según una investigación de Planet Parenthood, organización médica que brinda servicios de interrupción de embarazo.
Este fallo puede desencadenar una avalancha de batallas legales en varios ámbitos, entre ellos si los habitantes de un estado pueden viajar a otro para abortar u ordenar medicamentos abortivos por correo.
Los ministros del vecino país no consideraron que el acceso al aborto seguro y legal salva vidas porque las mujeres que no pueden acceder a una adecuada atención, sufren consecuencias negativas para su salud y bienestar y hasta su vida.
Misuri y Texas fueron los primeros estados en prohibir el aborto, tras la derogación de la sentencia y se prevé que 11 tienen leyes listas para entrar en vigor: Arkansas, Misisipi, Oklahoma, Idaho, Dakota del Sur, Utah, Kentucky, Dakota del Norte, Tennessee, Wyoming y Luisiana.
En México, la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Mosa, quien se ha distinguido por su lucha a favor del aborto, ha señalado que la criminalización pone en peligro la salud y la vida de las madres, por no tener una atención médica adecuada.
En el país, dice la ministra, el número de mujeres que se enfrentan a la problemática o decisión de suspender el embarazo será siempre una incógnita, pero, lo que es cierto y tangible, es que las posibilidades de que fallezcan o de sufrir esterilidad permanente, de que existan mayor número de huérfanos, o incluso de sufrir alguna enfermedad psíquica o física, se incrementa cuando la mujer no obtuvo atención médica adecuada, derivado de la criminalización de esa conducta.
También advierte que la penalización de la mujer que voluntariamente practique un aborto resulta contrario al parámetro de control convencional y constitucional. “No debe tolerarse estigmatizar a la mujer, por tomar la decisión de interrumpir su embarazo, como ejercicio pleno de su dignidad humana”, apuntó.
Y mientras en México el aborto solamente está permitido de manera libre y sin condiciones durante las 12 primeras semanas de gestación, solo en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, aunque es permitido con ciertas restricciones en Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur, nuestro país se perfila como una alternativa segura para las mujeres estadounidenses que busquen practicarlo.
La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos representa un retroceso histórico y no se requiere ser experto en relaciones internacionales para observar intereses económicos y políticos alrededor de esta decisión, que pueda ser un eficaz distractor frente al tema de las armas que enfrenta esa nación.
Hay que hacer votos para que esta no se convierte en ejemplo para México, donde todavía enfrentamos importantes resistencias a la despenalización del aborto como sucede en el Estado de México, donde el tema ha pasado de largo en varias legislaturas que le han dado la vuelta el tema.
