¿Qué pasaría si usted le dice a su jefe –en el caso de ser empleado, en una institución pública o en una empresa- que durante su horario de trabajo se dedicará a otras actividades que son de su interés y empieza a olvidar sus responsabilidades esenciales?
¿Qué ocurriría si usted, en su trabajo, tiene a su alcance y disposición recursos –humanos, materiales y económicos- y decide emplearlos para atender otros intereses, actividades y objetivos que no se relacionan con el trabajo para el que fue contratado?
Seguramente podrían levantarle un acta, iniciarle un procedimiento administrativo o incluso despedirle por faltar a sus obligaciones y responsabilidades esenciales.
Bueno, ese es el caso de quienes –promovidos por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador- han decidido posicionarse como aspirantes a sucederlo en el cargo.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Ricardo Monreal, senador y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, se han –al menos- “distraído” de sus principales obligaciones y dedican parte de su día a responder mensajes de sus seguidores y a mostrarse con sus mejores perfiles, a responder entrevistas en medios de comunicación para que la sociedad les conozca mejor, pero sobre todo para que aparezcan mejor en las encuestas que podrían definir a su candidata o candidato.
No es algo nuevo ni exclusivo de la política mexicana. En otros países, incluso, quienes tienen un cargo de elección popular pueden y hacen campaña expresa para reelegirse en sus cargos, como ocurre en Estados Unidos con el presidente de aquel país.
En México existe jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 14/2012 que indica: “Los servidores públicos de los tres niveles de gobierno no tienen impedimento legal alguno para asistir en días inhábiles a actos de proselitismo y brindar su apoyo a los candidatos a cargos de elección popular, ya que su sola presencia en esos eventos no implica, por si misma, el uso de recursos públicos”.
El marco legal les ofrece margen para realizar esas actividades de apoyo político; sin embargo, la percepción de la gente va en otro sentido. Precisamente en el Anótelo de DigitalMex de hace unos días, se destacaron datos de la encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, con respecto a “Actos anticipados de campaña” de quienes aspiran -desde Morena- a la Presidencia de la República, y el 75 por ciento de las personas que respondieron al estudio de opinión, sí consideraron que quienes estén en el servicio público y realicen “actos anticipados” deben ser sancionados.
Porque así le ocurriría a cualquier otra persona que se distraiga de sus funciones y más aún cuando lo haga con recursos públicos que se recaudan de toda la gente que pagamos nuestros impuestos, y no sería correcto que ese dinero se emplee para apoyar una causa personal o de un partido político en particular.
Aún falta mucho por avanzar en el país para eliminar esas prácticas que desde hace años se aplican y que ahora, con un gobierno federal en el que el apego a la ley –para los propios- no es precisamente la prioridad, podría acentuarse con el único interés de preservar el poder, a costa de lo que sea.
El Instituto Nacional Electoral -a través de la Comisión de Quejas y Denuncias- ya ordenó a Morena y su dirigente que se abstengan de “organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a lo que se realizaron el 12 y 26 de junio de 2022 en el Estado de México y Coahuila”.
¿Acatarán la medida? Al menos es un esfuerzo del INE por tratar de contener las ansias de poder que, de ninguna manera, resuelven los problemas del país, pero sí distraen la agenda pública de los temas esenciales para el país.
PERCEPCIÓN
César Yáñez Centeno, quien fuera vocero de Andrés Manuel López Obrador durante muchos años -uno de los hombres más cercanos al presidente- y que días antes de que asumiera la Presidencia en 2018 se casó en un evento ostentoso contrario a la “austeridad republicana”, fue designado Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. ¿A quién le estarán reforzando el equipo en Gobernación?
