En semanas anteriores hemos visto varios hechos por demás lamentables. Un ejemplo es la muerte de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Muchos hemos repetido la frase de que “los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos” y consideramos que marcará no sólo este hecho sino todo el sexenio. Hace unos días también observamos lugares como Chilpancingo donde los vendedores de pollo suspendieron su venta por la inseguridad que desencadenaron los grupos delictivos que los extorsionaban y que derivó en la muerte de algunos de ellos.
Ahora es muy claro, la extorsión es el impuesto del miedo y es una fuente importante de ingresos para los delincuentes porque utilizan la información que obtienen de las víctimas mediante amenazas y chantajes, por demás emocionales. Los delincuentes son una amenaza para el desarrollo económico porque obligan a comerciantes a acceder a sus peticiones. Esta situación incrementa los costos para los negocios, desincentiva la inversión y da inicio a una cadena de delitos como compra de armas o apertura de negocios fantasmas. Por extorsión se entiende la acción de una persona para obligar, o intentar obligar a otra, para que realice una conducta que dañará a su patrimonio, con la intención de obtener un beneficio económico. Para esto, la primera utiliza información considerada privada para causarle daño o a la segunda.
¿Qué nos dicen los registros de este delito? Sobresale el hecho de que el INEGI estima una cifra negra del 93.3%, es decir, las víctimas sólo reportan a la autoridad menos del 7% de los delitos. Por los reportes sabemos que el 92% de las extorsiones se hacen vía telefónica y que el 70% de las llamadas salen de las cárceles. Ante estas cifras podemos afirmar que sabemos muy poco de la dimensión del problema. En números, en lo que va del año, en el país se han denunciado 32,030 extorsiones. Al Estado de México corresponden 11,778 (el 34.8% del total nacional). Al interior de nuestra entidad, los municipios con mayor frecuencia de este delito, según la organización Causa en Común, son Toluca en primer lugar con 64 denuncias, Ecatepec 43, Netzahualcóyotl 41, Tecámac 31 y Naucalpan 26 (cifras correspondientes al primer bimestre del año).
A partir de las denuncias, por pocas que sean, se ha podido establecer el perfil de las víctimas de extorsión. Según la investigación de Porfirio Cruz Vázquez se sabe que: 1) las mujeres tienen mayor probabilidad de ser víctimas vía telefónica; 2) las personas que tienen entre 15 y 30 años y las de más de 60 años y 3) las personas que tiene un empleo también corren ese riesgo. Las víctimas suelen ser dueñas/os de pequeños comercios que aún manejan efectivo y que están en la informalidad. El gran establecimiento o el rico empresario no suelen ser las víctimas, por eso este fenómeno impacta a una gran cantidad de familias.
El Banco Interamericano de Desarrollo nos da algunas recomendaciones para construir las políticas públicas que ayudarían a combatir este delito (y otros): 1) impulsar la modernidad policial; 2) fomentar las asociaciones público-privadas; 3) destinar mayores recursos tecnológicos a las respuestas de extorsión; 4) desalentar el uso de dinero en efectivo en pequeños comercios; 5) realizar intercambios regionales de buenas prácticas; 6) consolidar mecanismos de control que involucren a servidores públicos; 7) generar alternativas profesionales atractivas para los pandilleros; y 8) promover y facilitar mayor participación de las víctimas de extorsión en el proceso penal.
Ante el incremento de este fenómeno, en lo particular comparto algunas recomendaciones que parecen muy lógicas, pero que solemos olvidar: a) no den información personal, de su familia o amigas/os a desconocidas/os; b) desconfíen de las encuestas, entrevistas o promociones comerciales; c) mantengan comunicación constante con las/os integrantes de su familia, en dónde y con quién están y compartan hora de regreso (aprovechen la tecnología actual para mantener una comunicación constante); c) eviten ingresar datos personales a computadoras de uso compartido; d) eviten responder llamadas de números desconocidos o no identificados; e) cambien periódicamente de contraseña de su celular y limpien la memoria; f) revisen la configuración de privacidad en redes sociales, eviten publicar datos, fotos o videos donde se den pistas de su domicilio, escuela, lugar de trabajo, horarios, sitios que frecuentan.
Amigas/os lectoras/es si la política del gobierno federal de los abrazos no alcanza para cubrir los balazos, debemos exigir, a las autoridades estatales y municipales, alternativas de respuesta para que los brazos que trabajan por nuestra seguridad se extiendan y multipliquen. Asumamos que el gobierno federal no cambiará el rumbo. La respuesta debe venir de los otros ámbitos de gobierno. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Nuevo León y Sonora existen aplicaciones que se instalan en los teléfonos para prevenir de números reportados como sospechosos y para informar sobre números de los cuales se hacen intentos de extorsión. Sin duda la tecnología es una valiosa herramienta para el cuidado de las personas, podemos decir que es un extensor de brazos protectores.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
